Opinión
La Jornada Maya
27/01/2026 | Mérida, Yucatán
Este domingo tuvo lugar el primer proceso de revocación de mandato en una entidad federativa, tocando el turno a Oaxaca, un estado complejo tanto por su extensión, su geografía y su división en 570 municipios, de los cuales prácticamente el 80 por ciento se rige por sistemas normativos indígenas.
La autoridad puesta a consulta para su ratificación o revocación fue el gobernador Salomón Jara Cruz, y el requisito para hacer vinculante el resultado fue que la votación alcanzara el 40 por ciento del padrón electoral. En números, esto implicaba que acudiera a las urnas más o menos la misma cantidad de personas que votó por Claudia Sheinbaum Pardo para la Presidencia en 2024. En la práctica, parece exigir demasiado a la ciudadanía.
En total, según el conteo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (Ieepco), fueron emitidos 935 mil 500 votos, poco menos del 30 por ciento de la lista nominal de electores.
Las matemáticas indican que también hubo menos votos en la consulta que los que obtuvo el gobernador Jara Cruz en 2022, cuando sumó casi 700 mil sufragios a su favor. Al respecto, pueden ofrecerse varios diagnósticos no necesariamente excluyentes entre sí. El primero es que el ejercicio de revocación no resulta convincente para el electorado. Incluso el mero hecho de que se requiriera que 40 por ciento del padrón electoral votara para la vinculación del resultado, fue un requisito desalentador para muchos.
Por otra parte, debe revisarse el interés del votante y el del gobernante. La propuesta de revocación es todavía muy reciente como para que se haya conseguido un cambio en la cultura política y más a nivel local. Aún no ha permeado lo suficiente la idea de que “el pueblo pone, el pueblo quita” y en cambio sigue muy viva la concepción de que “ya votamos, ya llegó, ya nos amolamos por seis años”, aunque se haya perdido completamente la confianza en el funcionario.
Así, la consulta de revocación termina siendo un ejercicio entre el voto movilizado y el voto inactivado. Esto no quita las sospechas sobre las irregularidades que se dieron durante la jornada electoral y menos sobre las registradas durante el conteo. Las tres caídas del sistema son indicadoras del grado de pérdida de confianza que existe en Oaxaca. Ahora, volviendo al contraste entre voto movilizado y voto inactivado, el ejemplo es la capital del estado. Si Salomón Jara obtuvo 59 mil 218 votos en 2020 contra 28 mil 402 del segundo lugar, ahora consiguió 14 mil 892 a favor por 36 mil 838 en contra. Esto es, la decepción fue suficiente para que, pero más de 37 mil simplemente no respondieron a la convocatoria.
En las áreas rurales, sin embargo, el panorama es otro y pinta, más que una fractura en el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), donde milita Salomón Cruz, una división entre la población oaxaqueña; entre quienes creyeron en el voto individual, libre e informado, y entre quienes, amparados en “usos y costumbres”, sostienen la participación política en colectivo, contribuyendo a fortalecer el corporativismo y los cacicazgos que controlan las “fuerzas vivas”. A la larga, esta división termina por deteriorar el tejido social, más que a debilitar a los partidos.
Si además se han documentado irregularidades como “embarazo” y quema de urnas, acarreo de votantes, compra y coacción del voto, y otras anomalías como las mencionadas “caídas” del sistema de resultados, quedan como sustento argumentativo de la fragilidad de nuestra democracia.
Una fragilidad para la cual existe un remedio: ejercer el derecho al voto.
Queda el antecedente de las anomalías en el proceso de la consulta, que terminará dañando la credibilidad de los procesos de revocación que sigan, aunque valdrá la pena esperar a que se dé la ocasión de un referéndum en una entidad con alta participación ciudadana; tal vez en alguna de éstas, los gobernantes se cuiden mucho más de perder la confianza del electorado.
Edición: Fernando Sierra
