Opinión
La Jornada Maya
10/02/2026 | Mérida, Yucatán
Pocas ocasiones se presenta la oportunidad para el ejercicio de la dialéctica como cuando se trata de la realidad en lo que respecta a la seguridad pública en México. La oposición entre los criterios objetivos y los subjetivos cuenta con criterios cuantificables y homogéneos en cuanto a su medición, de manera que es posible contrastar datos duros contra los de percepción individualizada, y para ambos se construye un aparato crítico objetivo.
Precisamente en enero de este año, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) correspondiente al último trimestre de 2025, en la cual aumentó la percepción de inseguridad en las cinco ciudades de la península de Yucatán que el organismo incluye en su encuesta periódica: Mérida, Campeche, Ciudad del Carmen, Chetumal y Cancún.
En el reporte de Presidencia, el foco se encuentra en los homicidios dolosos y en la extorsión, pero igualmente en otro factor que pocos toman en cuenta: la detención de 43 mil 438 personas por delitos de alto impacto. Esta cifra por sí sola, y saber que la seguridad pública sigue siendo un problema sumamente preocupante para la generalidad de la población, es reflejo del tamaño del mismo.
Correspondió a Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, profundizar en la información y referir que la mitad de casos de homicidios dolosos se concentró en Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Estado de México, Sinaloa, Morelos y Guerrero. Esto simplemente indica dónde estará la prioridad del gabinete de Seguridad Pública en los próximos meses. Mientras, de enero de 2025 a enero de 2026, otras 26 entidades disminuyeron su promedio diario. En la península de Yucatán destaca Quintana Roo, donde la incidencia bajó en 73.2 por ciento, un número que se traduce en un respiro para el principal motor económico de esa entidad, el turismo, que había tenido temporadas preocupantes en las que la frecuencia de reportes de homicidios impactaba en el ánimo de los visitantes.
Debemos reconocer que se trata de un éxito, pero que el país está todavía lejos de la meta. La incidencia alcanzada, aunque es a la baja, indica que de seguir igual llegaríamos a casi 19 mil personas asesinadas dolosamente al terminar 2026, lo cual no debe permitirse. También es importante lograr mayores disminuciones en cuanto a otros delitos de alto impacto, como la extorsión y aquí sería sumamente útil crear campañas para prevenir igualmente los fraudes que se dan por vía telefónica y a través de redes sociales.
Tampoco se trata de “bajarle” a la nota roja. Un ejercicio periodístico profesional evita la exageración de estas noticias con tal de ganar tráfico a sus portales o “likes” e interacciones. Por el contrario, ese mismo periodismo difunde los éxitos de las autoridades que combaten al crimen y consiguen aprehensiones, como también está ocurriendo. En esa comunicación con el público y la ciudadanía se construye también una realidad en la cual dato duro y percepción se encuentran en equilibrio. ejercicio de la dialéctica como cuando se trata de la realidad en lo que respecta a la seguridad pública en México. La oposición entre los criterios objetivos y los subjetivos cuenta con criterios cuantificables y homogéneos en cuanto a su medición, de manera que es posible contrastar datos duros contra los de percepción individualizada, y para ambos se construye un aparato crítico objetivo.
Este lunes, la Presidencia de la República dio a conocer las cifras generales de la incidencia de homicidios dolosos en todo el país en lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo; es decir, de septiembre de 2024 al recién concluido mes de enero del presente año, medición que resalta la disminución en 42 por ciento en este delito. En números absolutos, se pasa de 86.9 a 50.9 víctimas diarias, lo cual sigue siendo significativo.
Precisamente en enero de este año, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) correspondiente al último trimestre de 2025, en la cual aumentó la percepción de inseguridad en las cinco ciudades de la península de Yucatán que el organismo incluye en su encuesta periódica: Mérida, Campeche, Ciudad del Carmen, Chetumal y Cancún.
En el reporte de Presidencia, el foco se encuentra en los homicidios dolosos y en la extorsión, pero igualmente en otro factor que pocos toman en cuenta: la detención de 43 mil 438 personas por delitos de alto impacto. Esta cifra por sí sola, y saber que la seguridad pública sigue siendo un problema sumamente preocupante para la generalidad de la población, es reflejo del tamaño del mismo.
Correspondió a Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, profundizar en la información y referir que la mitad de casos de homicidios dolosos se concentró en Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Estado de México, Sinaloa, Morelos y Guerrero. Esto simplemente indica dónde estará la prioridad del gabinete de Seguridad Pública en los próximos meses. Mientras, de enero de 2025 a enero de 2026, otras 26 entidades disminuyeron su promedio diario. En la península de Yucatán destaca Quintana Roo, donde la incidencia bajó en 73.2 por ciento, un número que se traduce en un respiro para el principal motor económico de esa entidad, el turismo, que había tenido temporadas preocupantes en las que la frecuencia de reportes de homicidios impactaba en el ánimo de los visitantes.
Debemos reconocer que se trata de un éxito, pero que el país está todavía lejos de la meta. La incidencia alcanzada, aunque es a la baja, indica que de seguir igual llegaríamos a casi 19 mil personas asesinadas dolosamente al terminar 2026, lo cual no debe permitirse. También es importante lograr mayores disminuciones en cuanto a otros delitos de alto impacto, como la extorsión y aquí sería sumamente útil crear campañas para prevenir igualmente los fraudes que se dan por vía telefónica y a través de redes sociales.
Tampoco se trata de “bajarle” a la nota roja. Un ejercicio periodístico profesional evita la exageración de estas noticias con tal de ganar tráfico a sus portales o “likes” e interacciones. Por el contrario, ese mismo periodismo difunde los éxitos de las autoridades que combaten al crimen y consiguen aprehensiones, como también está ocurriendo. En esa comunicación con el público y la ciudadanía se construye también una realidad en la cual dato duro y percepción se encuentran en equilibrio.
Edición: Fernando Sierra
