Opinión
La Jornada Maya
17/02/2026 | Mérida, Yucatán
El 16 de febrero se firmaron los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, en Chiapas, como resultado de las conversaciones entre representantes del gobierno de México y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), un compromiso que se alcanzó tras la irrupción de este grupo armado en Los Altos de Chiapas, del que se supo el 1 de enero de 1994.
Cabe recordar el desafío al Estado Mexicano que significó el levantamiento del EZLN, pues éste obligó a mirar y reconocer el atraso y marginación en que se encontraban las comunidades indígenas de esa entidad y prácticamente en todo el sur-sureste del país; esto cuando iniciaba la vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, suscrito entre México, Estados Unidos y Canadá. Si algo quedó de manifiesto a partir de esta fecha fue que México era muchas cosas, pero no una nación homogénea, y que en muchos lugares del país, el expolio, la desigualdad, miseria, discriminación y falta de acceso a servicios de salud, educación y justicia tenían causas estructurales.
Aquella firma dio pie a cierta esperanza de que el reconocimiento de la pluralidad de la población (“México es muchos Méxicos”), el derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas para decidir cómo convivir, organizarse social, política, económica y culturalmente; además de reconocerlos como sujetos de derecho público, y garantizar el acceso a sus tierras y territorios ancestrales, resultaría un futuro más justo y menos desigual para todos.
El aniversario de la firma de los Acuerdos, salvo por una conmemoración por parte del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha pasado prácticamente inadvertido. Al respecto, Leonardo Lomelí, rector de esa casa de estudios, ha recalcado que la situación de pobreza y marginación en Chiapas no sólo no ha cambiado, sino que empeoró con la incursión de grupos de la delincuencia organizada.
Cabe mencionar que la relación de la UNAM con el EZLN es de cierta proximidad. En 2001, como parte de la Marcha del Color de la Tierra, los zapatistas visitaron Ciudad Universitaria. La movilización tenía, entre sus exigencias, precisamente el cumpliento de los Acuerdos de San Andrés. La oposición a la marcha ilustra el reacomodo de la élite política para mantener el status quo y seguir bloqueando los cambios demandados, que pocos meses después quedaron sintetizados en la consigna “Nunca más un México sin nosotros”.
El panorama actual es muestra de la efectividad de ese reacomodo, que si bien no consiguió arrestar a los líderes zapatistas, sí logró bloquear en los hechos prácticamente todo avance en materia social. A tres décadas de la firma de los Acuerdos, las condiciones actuales en Chiapas, resaltó el rector Lomelí, no han superado a las que dieron origen a la crisis; que ya de por sí venía de mucho más atrás. Vienen de lejos los torrentes, Una historia de Chiapas, era la explicación que el antropólogo Jan de Vos ofrecía en 2010 a esas causas ancladas en la historia chiapaneca; motivos que no han desaparecido y sí, en cambio, han sido sumamente dinámicos para permanecer.
Incluso han llegado nuevos actores con gran capacidad para corromper: el crimen organizado ya regula el tráfico por la frontera sur, imponiendo además desplazamientos forzados, despojos de propiedades, desplazamientos de poblaciones enteras; y esto sería imposible sin la colaboración de autoridades locales, formales e informales.
La desilusión puede conducir a la decepción profunda, a la apatía generalizada, que termina por cuestionar si existen motivos válidos para ejercer la ciudadanía a través del voto. Ese espíritu es el que suele guiar las transformaciones, por lo que volver a escuchar a Chiapas es urgente si de verdad se quiere un México más justo.
Edición: Fernando Sierra
