Nacional > Sociedad
La Jornada
17/02/2026 | Ciudad de México
Lilian Hernández Osorio
A 30 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés, la situación de pobreza y marginación en Chiapas no solo no ha cambiado, sino que empeoró con la incursión de grupos de la delincuencia organizada, quienes tienen el dominio en el estado y la frontera con Guatemala y Belice, lamentó el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí.
Durante la ceremonia por este aniversario y la donación del acervo documental de la asociación civil Separaz al Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH), el rector enlistó una serie de cifras que demuestran que las condiciones en esa región del país son deplorables y que dichos acuerdos fueron un punto de inflexión político, jurídico y simbólico, pero que sólo visibilizaron los conflictos sociales y económicos sin grandes logros.
“Las condiciones que dieron origen a la crisis no han sido superadas, 30 años después, San Andrés se reencuentra con esa realidad, las causas que dieron origen a la rebelión no han desaparecido, se han reconfigurado y adoptado formas inéditas”, aseveró el rector de la universidad nacional.
En Chiapas, señaló, se sumó la expansión de grupos del crimen organizado en una dinámica compleja que impone economías ilegales, desplazamientos forzados, reclutamiento y despojo y se entrelaza con cacicazgo y redes de poder local.
“Este escenario erosiona el tejido social y profundiza la desigualdad”, añadió el rector, quien lamentó que esta entidad siga sumida en la pobreza extrema y multidimensional y donde más del 60 por ciento de su población tenga un ingreso inferior al de la canasta básica.
La desigualdad también se percibe en la cobertura en educación media superior, la cual apenas alcanza el 59 por ciento y en educación superior solo 19.7 por ciento en edad de cursarla accede a este nivel, lo cual es menos de la mitad del promedio nacional.
Lo firmado en Chiapas fue producto de una lucha trascendental que evidenció que la marginación era una lógica persistente que debía terminar.
Lo firmado en Chiapas, concluyó, fue producto de una lucha trascendental que evidenció que la marginación era una lógica persistente que debía terminar.
Sin embargo, ni las reformas legislativas posteriores ni las políticas públicas planteadas recogieron plenamente el espíritu de esos debates y la efervescencia social que los acompañó.
Edición: Ana Ordaz
