Desaparecidos: lo realmente importante

Un tema sensible puede politizarse y con ello queda fuera de la agenda política su discusión de fondo. En el caso de los desaparecidos y el reciente informe del Comité contra Desapariciones Forzadas (CDF) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) correspondiente a México, la reacción del gobierno nacional, que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la de Gobernación (SG), ha señalado que el documento carece de rigor y seriedad, ha dado pie precisamente, a la politización del tema, cuando tanto la cantidad de personas sin paradero conocido, como el tiempo transcurrido en algunos casos, han trastornado la vida de sus familias.

Por ello, los calificativos de “inaceptable, tendencioso e injerencista” que aplicó el senador Ignacio Mier (Morena) al informe, peca también de corto de miras. Porque la realidad es que miles de personas llevan años dedicados a la búsqueda de un padre, hermano, hijo o hija; esto no sólo les ha obligado a dejar trabajo, tiempo de convivencia e incluso su residencia acostumbrada, sino que también con ello se han convertido en blancos móviles para la delincuencia organizada, o funcionarios coludidos.

Mientras, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que en su publicidad suele dar cuenta no de su efectividad, sino de que ha cambiado la percepción hacia ese organismo, volviéndola positiva, ha desestimado la solicitud del CDF para que el informe se presente ante la Asamblea General de la ONU, aludiendo que algunas organizaciones civiles “caracterizadas por su manipulación de las demandas en materia de derechos humanos en nuestro país”, enviaron información al mencionado Comité.

Es cierto que la ONU ya no inspira la misma confianza que hace unos cuantos años y también ha guardado silencios culpables sobre grandes temas mundiales. Pero por otro lado, a pesar de que los dichos de las autoridades y que se insista en que la desaparición forzada “ha dejado de ser política de Estado”, o que los casos cometidos por autoridades federales hayan venido descendiendo desde 2018 “hasta prácticamente desaparecer”, el tema no es que el delito lo cometan funcionarios federales, sino que la incidencia continúa y hay miles de familias que han terminado por suplir la labor de las autoridades en la búsqueda de sus seres queridos, poniendo en riesgo su propia vida.

Eso es lo realmente importante: que todavía hay un buen número de casos sin resolver, previos a 2018, a los que las fiscalías no les han dedicado tiempo; que los colectivos de búsqueda están realizando una labor que le corresponde a los cuerpos de seguridad y lo están haciendo sin protección alguna; que siguen dándose “levantones”, reclutamientos forzosos y por engaños, y secuestros, y esto lo padecen personas concretas, con nombres, apellidos y familias a las que no les interesa tanto quién delinque, sino hallar a quien les ha sido arrebatado.

El tema de las desapariciones no puede convertirse en un diálogo de sordos, ni en la imposición de una narrativa. Si se ha logrado que las autoridades ya no recurran a esta “práctica” para acallar a la oposición,algo que es una diferencia fundamental con los gobiernos anteriores, magnífico; pero también es urgente que se garantice la justicia a las víctimas y sus familias; hacia ahí es donde debieran dirigirse los esfuerzos de la Cuarta Transformación.

Edición: Fernando Sierra