Una credencial y una garantía

El gobierno federal ha anunciado que este mes iniciará la credencialización para acceder al servicio universal de salud, en lo que resultará un proceso más amplio de identificación de los habitantes del territorio mexicano.

La credencial prometida, que será entregada primero a las personas mayores de 85 años y quienes les acompañen a tramitarla, tendrá calidad de identificación oficial, tal como lo son ahora la mica del Instituto Nacional Electoral (INE) y el pasaporte; con la diferencia de que la cobertura de la del servicio de salud será universal, mientras que las otras dos tienen limitantes: la del INE, porque fue concebida como una garantía de respeto al voto y por lo tanto únicamente la portan aquellos que tienen calidad de ciudadanos, es decir, mayores de 18 años, y el pasaporte implica el pago de una cantidad de dinero que no muchos están dispuestos a cubrir por diversos factores, empezando por la vulnerabilidad de sus ingresos, si se considera que la economía informal es por lo menos igual a la establecida.

El registro, según se anunció en la conferencia diaria de la presidenta Claudia Sheinbaum, iniciará el lunes 13 de abril y la primera etapa concluirá el 30 de este mismo mes. Esto, se indicó, es el primer paso para la universalización de los servicios de salud, por lo pronto en los 24 estados donde opera el esquema IMSS -Bienestar.

El otro objetivo es una aspiración de muchos países: que todos sus habitantes cuenten con acceso a los servicios públicos de salud. Esto debe interpretarse como una apertura total a la derechohabiencia, algo que hasta ahora sigue siendo privilegio de quienes tienen una fuente formal de ingresos; es decir, quienes laboran para una empresa que los ha dado de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), o se desempeñan en el servicio público federal (Issste), en una paraestatal como Petróleos Mexicanos (Pemex) o en las fuerzas armadas, que cuentan con su propia red hospitalaria.

Esta apertura es algo muy distinto a aquel programa de “Seguro Popular”, que básicamente fue una sobrecarga a la infraestructura y personal médico que se tenía, pero también el establecimiento de cuotas de acuerdo a un “estudio socioeconómico” para poder tener acceso a estudios o procedimientos quirúrgicos. La credencialización implica, según se ve, que cualquier mexicano pueda acudir a cualquiera de los grandes sistemas de salud pública: IMSS, Issste e IMSS -Bienestar, algo que parece nimio, pero que en el caso de un percance puede significar minutos vitales para salvar una vida.

Todavía más, la Presidenta marcó el rumbo: “El objetivo es que, cuando dejemos el gobierno, cualquier mexicano pueda ir a atenderse de cualquier padecimiento a cualquier institución de salud y pueda ser recibido”. Esto es garantizar el acceso a la atención médica y al mismo tiempo replantear el sistema de salud que se tiene actualmente. La meta podría ser también el fortalecimiento de los hospitales e incluso en la apertura de más clínicas y laboratorios, e igualmente el crecimiento de la infraestructura nacional, sin que esto implique vulnerar variantes como el Hospital de la Amistad Corea -México, en Yucatán, que atiende a una población específica y tiene un modelo propio para funcionar. Ahí debe analizarse la participación del Estado y hacerla más eficiente, e incluso comunicar lo que se desea evaluar, a fin de evitar rumores y que un grupo de edad vulnerable, como lo es el infantil, quede sin atención.

Edición: Fernando Sierra