Opinión
La Jornada Maya
13/04/2026 | Mérida, Yucatán
Sin una explicación creíble para quienes ya habían contratado sus servicios, la empresa Magnicharters, propiedad de Grupo Aéreo Monterrey S. A., anunció el sábado pasado que “por problemas logísticos”, los vuelos programados para las próximas dos semanas “no podrán llevarse a cabo”. Esto dejó varados a miles de pasajeros en distintos aeropuertos, abandonados por la aerolínea pese a contar con boletos.
Hablar de “problemas logísticos” puede significar demasiadas cosas al mismo tiempo, ninguna de ellas a favor de los viajeros. Lo notorio ha sido, nuevamente, que la empresa hizo todo con tal de no responder a quienes debieron abordar uno de sus aviones este fin de semana, último del período vacacional de Semana Santa y que, por lo tanto, implica el retorno de miles de personas a sus hogares para poder reintegrarse a las labores cotidianas, escuela o trabajo.
Debe destacarse que la decisión de dejar de volar vino cuando se podía afectar a más personas: los vuelos en el último fin de semana de un receso suelen estar llenos. A todas estas, la empresa retiró al personal de tierra, que debía estar en los módulos para ofrecer orientación a los viajeros. En lugar de ello, dejaron en sus puntos de atención un número telefónico inoperante. La responsabilidad debió ser anticipar los perjuicios y brindar a sus clientes el acomodo en otras aerolíneas; en lugar de ello, han tenido que ser los gobiernos estatales y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), junto con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), quienes han entrado al quite.
Ahora, Magnicharters deberá responder por los daños y perjuicios causados por el abandono a sus clientes. El tema no es que las autoridades hayan conseguido colocarlos en vuelos de otras compañías, incluso a título gratuito, sino la angustia provocada por la ausencia de representación de la empresa, agravada por la falta de respuesta en la línea telefónica ofrecida. Para quienes viajan en familia, con niños, esta situación resulta desesperante y la experiencia termina por arruinar todo el viaje.
La operación de una aerolínea es por concesión federal, por lo que la situación actual obliga a una auditoría que dé respuesta a por qué se dejó de prestar el servicio de manera tan abrupta, aparte de obligar a la empresa a la correspondiente compensación a sus clientes.
Por otra parte, llama la atención la falta de coordinación entre las autoridades para apoyar a los pasajeros. Esto no porque haya faltado presencia o que la respuesta haya sido tardía en exceso, sino porque la asistencia fue desigual. Así, mientras en Cancún estuvo presente la gobernadora Mara Lezama y se consiguió la gratuidad de los traslados en otras aerolíneas, en Mérida apenas se logró “tarifas preferenciales” para los afectados. De nueva cuenta, aquí existe una responsabilidad civil por parte de Magnicharters y es ésta quien tiene la obligación de resolver la situación creada, y su actuación debió evitar daños a quienes ya le habían comprado un boleto.
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Edición: Estefanía Cardeña
