Opinión
Francisco Guerra Martínez
19/04/2026 | Mérida, Yucatán
El pasado 30 de marzo de 2026 en la ciudad de Mérida, Yucatán, en una sesión presidida por la ciudadana Neyra Concepción Silva Rosado, en su calidad de titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) y Presidenta de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICLIMA; entidad gubernamental), en suplencia del Gobernador Joaquín Díaz Mena, se instaló oficialmente el Consejo Ciudadano Consultivo del Estado de Yucatán en Materia de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático (CCCEMMACC). El objetivo del Consejo es brindar información, opiniones técnicas y asesoría especializada en temas particulares sobre cambio climático en el estado de Yucatán.
El Consejo está integrado por cinco miembros de organizaciones de la sociedad civil, cinco miembros de la academia y dos miembros representantes de empresas. Esta conformación asegura que funcione como una entidad de carácter multidisciplinario, imparcial y multisectorial, así como un canal de vinculación entre la sociedad y el gobierno. Las 12 personas que integran el Consejo son (en orden alfabético): Adolfo Iván Batún Alpuche, Alejandra Calzada Vázquez Vela (nombrada Presidenta del Consejo durante la sesión), Andrea Albores Sosa, Baruch Aguilar Mena, Domenica Cifuentes Victoria, Fernando Méndez Alfaro, Francisco de Jesús Guerra Martínez (nombrado Secretario Técnico), Leslie Daniela Ruíz Hernández, Luis David Patiño López, María Pia Mc Manus Gómez, Mónica Chávez Guzmán y Nadia Citlali Olivares Bañuelos. Todas las personas participan en el Consejo como miembros honoríficos lo que garantiza una labor de servicio público desinteresada.
De acuerdo con la Ley de Cambio Climático del Estado de Yucatán y el reglamento interno, las funciones y atribuciones del Consejo incluyen asesorar al CICLIMA ―cuyo papel es coordinar las dependencias de la administración pública para la formulación, aplicación y seguimiento de las políticas públicas estatales en materia climática―, recomendar la realización de estudios o la adopción de políticas para enfrentar los efectos del cambio climático. Además, el Consejo debe promover la participación ciudadana mediante consultas públicas, monitorear el cumplimiento de las metas legales, formulando propuestas de mejora, y emitir opiniones técnicas de carácter no vinculante sobre instrumentos de política pública para fortalecer la toma de decisiones. Finalmente, debe colaborar en la comunicación de programas y proyectos ambientales para sensibilizar a la población y fortalecer la cultura climática en el estado.
Sin embargo, el Consejo no debe limitarse a ser un órgano de consulta académica; debe fungir como un puente entre el conocimiento científico, la participación ciudadana y la identidad cultural de Yucatán. La integración del Consejo representa una oportunidad para convertirse en un espacio de diálogo que integre los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas en la política climática estatal. Sin duda, la instalación del Consejo representa un momento de coyuntura para promover una nueva forma de desarrollo que permita la integración cultural y respetuosa con el patrimonio biocultural maya. Debe fungir como un punto de inflexión que favorezca el rescate de las percepciones, prácticas y conocimientos ―como la milpa maya, el solar, la pesca, la gestión comunitaria del agua y el fuego― para fomentar una forma afectiva de cohabitar el territorio, que además sea modélica para la humanidad.
La prioridad del Consejo será la construcción de resiliencia. Esto implica evaluar los riesgos, generar infraestructura adaptativa mediante soluciones basadas en la naturaleza ―como la restauración de manglares o dunas―, favorecer la diversificación económica, fomentar la organización social y gobernanza, educar para la prevención y la capacidad de respuesta ante escenarios climáticos.
Todo aquello que promueva la gestión integral del riesgo, el entendimiento de los peligros y amenazas climáticas, la reducción de la vulnerabilidad y la disminución de la exposición a eventos climáticos ―de la sociedad y los ecosistemas que la mantienen mediante la provisión de servicios ambientales― deberá ser prioritario para la mitigación y la adaptación frente a un cambio climático que ya llegó.
Como sociedad debemos preparar los sistemas (sociales, económicos y ecológicos) para la adaptación (antes del disturbio), resistencia (durante el disturbio), recuperación (después del disturbio) y, de ser necesaria, la transformación ―que implica cambiar sistemas que ya no son sostenibles ante el cambio climático― una vez ocurridos los disturbios y sus perturbaciones, naturales y antropogénicas.
El Consejo tiene una oportunidad inconmensurable de abordar e incidir en ejes vitales como la gestión sostenible del agua y cenotes, la transición a energías limpias y eficiencia energética, el cambio hacia un turismo sostenible que permita al mismo tiempo el aprovechamiento sostenible y la conservación ambiental, la implementación de estrategias para enfrentar el aumento del nivel del mar y la preservación del patrimonio biocultural maya, su cosmovisión y conocimientos ancestrales.
Las próximas tareas del Consejo serán formular un plan de trabajo anual, participar en la actualización del Programa Especial de Cambio Climático de Yucatán (PEECC) e informar sobre sus actividades a la ciudadanía para fomentar la transparencia. Así que, ¡Ko’ox mulmeyaj! (¡Vamos a trabajar!).
Profesor de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Mérida, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Edición: Fernando Sierra