Opinión
La Jornada Maya
19/04/2026 | Mérida, Yucatán
El derrame de crudo en el golfo de México, cuyos daños lesivos en las playas de Tabasco y Veracruz se reportaron a inicios de marzo pasado, obliga a cuestionar el funcionamiento de la estructura de comunicación interna en Petróleos Mexicanos (Pemex) y el impacto que tiene una falla en su protocolo en el medio ambiente y la economía del país.
Lo grave del reconocimiento que hizo Rodríguez Padilla no es que haya sido tardío, sino que vino aparejado de la revelación de una serie de irregularidades cuyo objetivo fue encubrir una falla que terminó afectando a la economía de comunidades pesqueras de los estados ya mencionados, las cuales terminaron perdiendo también al turismo que esperaban por esas fechas. Estas irregularidades consistieron en el ocultamiento sistemático de información, que a su vez condujo a declaraciones por parte de funcionarios civiles -especialmente Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz - que ahora resultan terriblemente irresponsables.
Ahora, Pemex ha entrado en una estrategia de comunicación para el control de daños, dando a conocer la instalación de barreras marítimas para contener los efectos de las chapopoteras e indicando que sí hay otras manchas superficiales de aceite en la zona del Activo Cantarell, en los alrededores de la plataforma Nohoch A, zona próxima a Ciudad del Carmen. Al tiempo, las exigencias para que se den a conocer los detalles del derrame que ya lleva dos meses.
La demanda es legítima: ahora Pemex ha dado a conocer cuántos kilómetros de barreras marítimas fijas y móviles emplea para contener tanto el derrame ocurrido en sus ductos como las manchas resultantes de las chapopoteras; pero ya existe un daño ambiental en un ecosistema que es a la vez el espacio territorial del cual varias comunidades obtienen el sustento a través de la pesca o del turismo. Entonces, los actos en que incurrieron los directivos de la paraestatal que ya han sido separados de sus cargos tuvieron consecuencias más allá de la empresa. Es decir,
hay elementos para exigir responsabilidades administrativas graves.
No se trata de que Pemex deje de extraer crudo en el mar, pues sigue siendo una actividad estratégica para la economía nacional. Tampoco es que dejen de haber accidentes, pues siempre existen riesgos y errores humanos. Lo que se impone es la revisión de los protocolos de seguridad que se siguieron una vez que se detectó el derrame, explicar abiertamente cuáles fueron los puntos en los que hubo errores y si estos fueron o no con dolo; el procedimiento que se seguirá por lo menos contra los funcionarios responsables de ocultar información y, por último, el modo en que se resarcirá a las comunidades afectadas.
Y finalmente, dentro de Pemex debe operarse un cambio radical, porque algo en la estructura hizo que un grupo de funcionarios pudiera sentirse lo suficientemente confiado como para negarle información específica al director general, con los efectos que esto pudiera tener en lo que él reportaba a la Presidenta, que también es superior de ellos mismos.
Edición: Fernando Sierra
