Opinión
La Jornada Maya
12/05/2026 | Mérida, Yucatán
De pocas entidades mexicanas puede decirse que su historia es una seguidilla de violencias, como ocurre con Guerrero. La geografía de la entidad permitió que la insurgencia independentista se mantuviera viva en sus montañas, a donde las tropas realistas difícilmente llegaban. En el siglo XX se desarrolló ahí mismo una facción del ejército revolucionario de Emiliano Zapata, que años después dio lugar al cacicazgo de los Figueroa, quienes a su vez enfrentaron a los movimientos guerrilleros de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas.
El siglo XXI, en cambio, ha visto que la presencia de grupos armados en Guerrero se ha desprendido de toda idea política y ahora responden al crimen organizado, y esto ha sido noticia por más de una década, lo que indica que la presencia de estos grupos lleva todavía más tiempo.
El testimonio de quienes han sido desplazados forzosamente debiera conducir a la ciudadanía a un entendimiento del fenómeno de la migración a causa de la violencia, pero también al Estado a intervenir aplicando la máxima inteligencia, porque la permanencia de Los Rojos, Los Tlacos y Los Ardillos en Guerrero solamente se explica por redes de complicidades sumamente complejas que en algún momento borran las diferencias entre grupos delincuenciales y gobierno. Eso es lo que debe combatirse primero, pues es lo que permite que los primeros cuenten con recursos para adquirir armas y drones e implantar el terror en las comunidades.
Los desplazados manifestaron su escepticismo porque consideran que el gobierno cuenta con helicópteros, armas y fuerza suficiente para entrar a Chilapa y poblaciones aledañas en manos de Los Ardillos y otros grupos. Sin embargo, el uso directo e indiscriminado de esa fuerza tendría como consecuencia la pérdida de vidas inocentes, y esa es la diferencia entre un Estado y un régimen totalitario: a este último no le interesaría la muerte de quienes no hayan alcanzado a escapar y aniquilaría a todos sin miramientos. Después se hablaría de daños colaterales, pero no habría ninguna estrategia más que el sometimiento, por lo que no existiría un retorno a la paz.
Pero sí es urgente que las instalaciones militares que existen en la sierra guerrerense funcionen como filtros donde sí se detecte el paso de personas armadas. Cualquier deficiencia que se encuentre en su funcionamiento no hace más que fortalecer la narrativa de que las tropas son corrompibles, lo que volvería creíble cualquier testimonio en su contra en caso de que el conflicto con los grupos del crimen organizado incremente su intensidad.
Aunque por encima de todo, la nación bien puede exigir el desmantelamiento de los grupos delincuenciales que existen en Guerrero porque su permanencia implica que existe una continuidad de aquello que alguna vez se dijo que distinguiría a la Cuarta Transformación: la corrupción y las alianzas con el crimen organizado. El desafío a las instituciones está ahí y es entendible que la prioridad sea la protección de la población civil, pero no puede consentirse que Ardillos, Rojos y Tlacos sigan medrando mientras queda la percepción de que las autoridades se encuentran coludidas con ellos.
Edición: Fernando Sierra
