Mientras que la estructura agraria del país registra una dinámica sin precedentes debido al proceso de desamortización/privatización de la propiedad social que comenzó en 1992 y que se encuentra en su apogeo, el gobierno de la 4T se mantiene virtualmente como un espectador, dejando pasar y hacer prácticamente lo que sea. Ello constituye una ingratitud inmerecida hacia el sector que más nos ha dado Patria y una enorme irresponsabilidad histórica, cuyas consecuencias se verán, inexorablemente, en el mediano y largo plazo, cuando ya sea demasiado tarde para enmendar las tendencias agrarias estructurales negativas hoy en curso. Es un hecho que en la Presidencia de la República aún no se han dado cuenta.
En lo administrativo agrario, el gobierno transformador no sólo ha permanecido literalmente estancado, haciendo lo mismo que se hacía en el periodo neoliberal, sino que además ha tratado al sector con un disimulado desdén que no se justifica. Dicha afirmación se basa en tres hechos. Primero, en el absurdo e irreflexivo desplome del presupuesto de las dependencias agrarias; segundo, en el perfil de sus titulares, algunos con reconocida experiencia en otros ámbitos, pero no en este; y, tercero, la sistemática evasiva de la Jefa del Ejecutivo Federal al responder las preguntas de orden agrario que se le formulan en La Mañanera, las que incluso parece que le incomodan.
En lo jurisdiccional, el sistema de impartición de justicia agraria continúa socavado por la corrupción y la impunidad, males que lo han flagelado casi desde su origen y que han dado margen a que sean factores ajenos a la equidad los que muchas veces dicten el sentido de las determinaciones, obviamente, la mayoría favoreciendo el interés de quien tiene más, o lo que es lo mismo, en perjuicio de los núcleos campesinos, situación que es fuente de innumerables despojos e injusticias.
En efecto, la impartición de justicia agraria en México es un desastre. En ello contribuyen dos factores básicos: una magistratura de dudosa imparcialidad y un procedimiento ágil en el papel, pero lento en grado sumo en la práctica. Respecto de lo primero, en el nivel central, el Tribunal Superior Agrario sigue presa de las fuerzas políticas conservadoras que lo operan y controlan desde inicios de este siglo, pronunciando fallos y dictando tesis que contravienen la protección que la Constitución Política brinda a los núcleos agrarios.
Los tribunales unitarios, por su parte, además de estar en su mayoría ocupados por magistrados con una formación académica neoliberal, carecen de recursos siquiera mínimos para brindar a los justiciables un servicio, ya no digamos eficiente, sino al menos decoroso. Da pena observar las limitaciones con que dichos tribunales funcionan, ante la impotencia de su personal, el que, además de presionado, es mal pagado, convirtiendo aquello en un propicio caldo de cultivo para las prácticas indebidas, sobre todo de actuarios y peritos. Eso no lo merecen los campesinos. Eso no es justicia agraria.
En cuanto al rubro procesal, debe decirse que, aún considerando sus deficiencias, el juicio que establece la Ley Agraria es bastante expedito. El problema es que, si los tribunales se hallan sobresaturados de trabajo y sus recursos son exiguos, lo que en la ley son tres días, en la práctica se vuelven tres meses. La lentitud es tal que son innumerables los juicios que superan la década. En calidad de litigante en la materia, quien esto escribe lleva al menos 15 juicios con más de doce años en trámite sin que se atisbe el final. Dicha situación solamente obra en perjuicio de las partes campesinas en conflicto, las que rara vez pueden sostener litigios tan largos. Obvio, quienes salen ganando son aquellos que cuentan con medios para resistir tanto tiempo.
Es ominoso para los grupos campesinos, muchos de ellos indígenas, que las sedes de los tribunales unitarios se ubiquen en localidades que les quedan a varias horas de distancia, erogando en el transporte lo poco que tienen y aun privándose de comer con tal de pagar la cuota del abogado, porque la PA ni para eso sirve. Es indignante, por ejemplo, que gente de los ejidos y comunidades de la Huasteca hidalguense tengan que trasladarse durante horas al Tribunal Unitario Agrario de Tampico a dirimir sus conflictos o que los de San Francisco del Mar en Oaxaca tengan que viajar 8 horas en taxi para acudir al Tribunal de Tuxtepec. La reducción presupuestal ha causado el cierre de varios tribunales.
Desde 1992, estamos inmersos en un proceso permanente y en crescendo de incorporación de la propiedad social a la circulación mercantil. Ello significa que las disputas y, por tanto, los juicios que se entablen, seguirán aumentando progresivamente día con día, sin que se avizore para cuándo la acelerada dinámica de la desamortización se logre estabilizar. Luego entonces, no hay que ser genio para comprender que, dadas las circunstancias, es necesario que los sistemas de procuración y de impartición de justicia agraria sean dotados de recursos suficientes para, por un lado, satisfacer lo que la demanda de servicios exige; y, por el otro, implementar políticas públicas que traten de corregir las tendencias estructurales negativas que hoy se presentan, pero sobre todo para contener la mega desposesión por despojo de tierras ejidales y comunales que -hoy por hoy- registra el campo mexicano.
El hecho de que la problemática agraria sea intangible y no se vea no significa que no exista; solo hay que saber mirar. Si las cosas se enfocan bien, sin prejuicios ni atavismos, una amenaza puede ser revertida en oportunidad. Es una desilusión observar que la estructura agraria se está transformando sin que el Estado sepa sacar ventaja de ello. Hasta ahora, la 4T ha caminado en lo agrario a contracorriente de la historia y sin entender su importancia, por lo que es válido decir que, si ésta no actualiza su enfoque, moderniza sus políticas públicas y canaliza recursos adecuados a la procuración y a la impartición de justicia agraria, será corresponsable de las desigualdades, desequilibrios y tribulaciones que su inmovilismo y falta de imaginación indefectiblemente acarrearán.
Edición: Estefanía Cardeña
