Los tribunales agrarios en manos de lutero y la 4T dormida en sus laureles

Al menos en dos ocasiones el ex presidente AMLO declaró en La Mañanera que, aunque en 1992 Salinas de Gortari cedió al PAN el control de los tribunales agrarios a cambio de su apoyo para la aprobación de las reformas al artículo 27 constitucional, no fue sino a partir de 2000, con los gobiernos de Fox y Calderón, cuando ese propósito empezó a tomar forma. Por un lado, privilegiando el trato a conocidos bufetes legales de filiación panista; y, por el otro, ocupando paulatinamente la estructura general de la magistratura agraria con elementos ideológicamente afines, tanto en el nivel foráneo como en el central, hasta empoderarse finalmente de su control sin que -luego de 8 años en el poder- los gobiernos de la 4T reparen en lo que ello está provocando. 

Ese control ha permitido a las fuerzas conservadoras del país incidir en dos cosas. Primero, en el rumbo y ritmo del desahogo del rezago agrario (es inconcebible que a más de treinta años de cancelado el reparto aún no se haya levantado bandera blanca); y, segundo, en el enrarecimiento y tortuguismo de la impartición de justicia, sea a través de fallos defectuosos o de criterios anti sociales establecidos por el Pleno del Tribunal Superior, en su mayoría adversos al interés de los núcleos agrarios. Así que no es difícil imaginar hacia dónde ha basculado su impartición en dicho lapso.

Dato apabullante lo dio en un reciente artículo el crítico periodista Zósimo Camacho al analizar el sentido de múltiples resoluciones dictadas por la magistrada Maribel Méndez de Lara, en juicios en los que se encontraba en juego el interés de grupos campesinos o de ejidos y comunidades. La posición anti agrarista y retrógrada de dicha magistrada, es palpable. Sin embargo, no creo que le importe mucho, ya que la protege un doble escudo. El primero son los despachos panistas que la impulsaron; y, el segundo, su relación con el diputado Ricardo Monreal, paisano suyo, para quien maquiló una ultra liberal propuesta de ley agraria en 2018. Cabe decir que, en lo personal, en mi calidad de litigante he sido cliente frecuente de sus injustos fallos, los que he tenido que echar abajo en el Poder Judicial. Tengo las pruebas. No obstante, ese no es el tema.

 

El tema es que la dinámica de la desamortización de la propiedad social iniciada en 1992, además de provocar la transformación permanente de la estructura agraria del país, ha generado una intensa y nueva problemática derivada de la incorporación del suelo social a los mercados inmobiliarios internos y externos, la que además de creciente, es cada vez más compleja. En este proceso, como es natural, grandes y pequeños intereses de diverso giro tratan de llevar agua a su molino y de sacar ganancia del río revuelto aprovechándose de la falta de controles y mecanismos de ordenamiento territorial, circunstancias de la que buscan sacar ventaja propios y extraños generando una conflictiva agraria de grandes dimensiones cuya solución es competencia de los tribunales del ramo. De ahí su vertical importancia.  

  Empero, no se exagera al decir que desde principios del siglo XXI dichos tribunales cayeron en manos de Lutero y que desde entonces la prevaricación ha influido con mayor peso en la impartición de justicia, inclinando la balanza en favor de grandes intereses privados. Al igual que con la procuración agraria, durante la última década del siglo XX la impartición de justicia registró niveles de corrupción digamos “moderados”. Fue con el arribo de los gobiernos panistas cuando ésta se acentuó y las redes venales tejidas alrededor de los tribunales agrarios comenzaron a echar raíces.  

A partir de ahí, la corrupción se extendió a los intestinos del sistema de impartición de justicia, de suerte que no es rara la complicidad del personal de dichos órganos (secretarios de acuerdos y de estudio y cuenta, actuarios, proyectistas, peritos) con litigantes de los bufetes que pululan alrededor de los tribunales unitarios, muchos de ellos instalados por ex empleados de la SRA, de la PA o de los propios tribunales, quienes una vez que aprendieron lo esencial abandonan el servicio público para dedicarse al ejercicio libre de la profesión, logrando fallos o actuaciones judiciales a modo, gracias a su relación con aquéllos y al falaz imperio de la impunidad. 

Para colmo, no se ha cuidado la calidad ética y la preparación de los magistrados, por lo que no todos cuentan con el nivel que se requiere para el cargo. Ello provoca que la autoridad revisora (Tribunal Superior Agrario o Tribunales Colegiados) les corrijan sistemáticamente la plana, desde luego, a costa de la saturación de acciones en sus respectivos ámbitos y de la prolongación indefinida de los juicios de origen. Dicha duración sangra el patrimonio de las partes causándoles un grave perjuicio económico, a cuya sombra quienes más lucran son los abogados.

Es evidente que el gobierno de la 4T no tiene ni la menor idea de lo que constituye la cuestión agraria en este momento histórico, falencia que refleja un grave desconocimiento de lo que está ocurriendo en el campo en materia de propiedad, tanto en el plano coyuntural como en el estructural, y que explica la penosa aridez de sus políticas públicas. Dicha situación sería lo de menos si no fuera porque mientras ello sucede la estructura agraria del país registra una vertiginosa transformación que está perjudicando a los que menos tienen 

   

Hay que decirle al gobierno actual que ya basta de simulación. Es imperativo que ponga orden y limpie la esfera institucional agraria, comenzando con la renovación de la plantilla de magistrados que vienen operando fuera de la ley por no haber sido ratificados por el Senado. El buen juez, por su casa empieza.

Edición: Fernando Sierra