Opinión
La Jornada
03/06/2026 | Ciudad de México
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó al embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, que se atenga a tratar la agenda bilateral y respete los asuntos internos de México. Al señalar la importancia de que los embajadores se queden en los asuntos de colaboración, la mandataria dio una respuesta a las declaraciones emitidas el lunes por Johnson, quien dijo, en referencia a la lucha contra el narcotráfico, que “cuando nos dedicamos a convertir este desafío compartido de seguridad en una discusión política, es una oportunidad perdida para fortalecer nuestra cooperación y proteger a las personas a las que servimos”.
Se trata del primer posicionamiento directo de la presidenta frente al representante de Washington, lo cual, en sí mismo, es una muestra de la sangre fría que la actual administración ha tomado como principio rector en sus relaciones con el trumpismo. Ciertamente, se requiere mucha templanza para discurrir, en términos cordiales, con un funcionario como Johnson, quien transgrede de manera continua los fundamentos de la labor diplomática con palabras y con hechos, desde indicaciones fuera de lugar acerca de cómo debe conducirse el gobierno mexicano hasta respaldo público a figuras de la ultraderecha local, además del uso probado de la embajada como tapadera de agentes encubiertos de su país que realizan operaciones ilegales en el nuestro.
La conducta de Johnson no se entiende si no se miran su trayectoria y antecedentes. Desde 1971 hasta 1998 sirvió en el ejército de Estados Unidos, donde formó parte de los Boinas Verdes, un grupo de élite usado en operaciones de intervención, asesinatos selectivos, contrainsurgencia y otras acciones criminales. En este carácter participó en el genocidio que Washington perpetró en El Salvador en la década de 1980 junto a sus aliados locales. Al dejar las fuerzas armadas, trabajó durante dos décadas en la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), donde ideó y coordinó misiones encubiertas, de “contraterrorismo” y operaciones especiales en Afganistán, Irak, los Balcanes y otras zonas devastadas por el imperialismo estadunidense.
En su primer periodo en la Casa Blanca, Donald Trump lo puso al frente de la embajada en El Salvador, donde tuvo gran sintonía con el mandatario ultraderechista Nayib Bukele.
Con dicho historial, no cabe sorprenderse de que Johnson confunda el trabajo diplomático con una operación de espionaje y desestabilización. Él mismo se lo hizo saber al Senado estadunidense durante su audiencia de confirmación en marzo de 2025, cuando se negó a descartar acciones militares en territorio mexicano contra los cárteles de la droga sin notificar a las autoridades mexicanas. Esta muestra de su voluntad de violar las leyes del país al que sería asignado fue un aviso del despropósito que ha sido su presencia en México; aviso que ha tenido múltiples confirmaciones en apenas un año.
Si Johnson y la administración que representa desean evitar la politización de los esfuerzos conjuntos de combate al crimen organizado, lo mejor y más sencillo es que se abstenga de hacer política en México, que respete la legalidad internacional y la de de nuestro país y que se concentre en la agenda bilateral.
Edición: Estefanía Cardeña