¿Qué le pasa a la 4T en materia agraria?

¿Cuál será la visión del gobierno mexicano respecto de la problemática agraria y de su actual contexto histórico como para que permanezca tan impasible ante las delicadas tendencias estructurales y coyunturales que en materia de tenencia de la tierra registra en la actualidad el campo mexicano? ¿Acaso no cuenta con especialistas que le alerten sobre el riesgoso rumbo que ha tomado el proceso de desamortización que inició en 1992 y que propende a legalizar un gran despojo y a relatifundizar y descomunalizar el agro nacional? 

Me pregunto qué tiene que ocurrir o qué se necesita para que desde la esfera de la Administración Pública Federal se entienda que nunca como en estos años de intensa activación de los mercados inmobiliarios y de amenazante injerencia extranjera, la canalización de recursos a la procuración y a la impartición de justicia agraria es vital, tanto para garantizar el imperio de la ley y el fortalecimiento de la economía campesina, como para robustecer la defensa y seguridad del territorio nacional, entre otras tantas cosas.  

Veamos. Desamortizar significa poner en circulación algo que se encuentra paralizado o muerto en términos jurídicos, como hasta 1992 estuvieron en México las tierras de los ejidos y de las comunidades, toda vez que bajo ningún concepto podían ser objeto de actos traslativos de la propiedad, del uso o del usufructo (venta, cesión, renta, donación), con excepción de la herencia; anquilosada situación que llegó a inmovilizar poco más de la mitad del territorio nacional y que a partir de ese año comenzó a incorporarse al mercado. Dicha incorporación no se registró de forma automática, sino que se le condicionó a la previa regularización de su tenencia, satisfecho lo cual la tierra ya podría ser objeto de los actos jurídicos antes vetados. De no haberse dictado así, la desamortización hubiese sido un desastre. 

En ese sentido, la desamortización de la propiedad social se fue viabilizando y concretando al ritmo en que era deslindada, destinada y asignada a sus tenedores, en lo grupal y en lo individual. Antes de ahí, cualquier operación con ella es y hubiese sido nula. De 1992 a 2006, dicho proceso revistió carácter masivo gracias a la implementación del PROCEDE, de manera que en ese lapso la superficie nacional en el mercado inmobiliario crecía a diario, imprimiendo una intensa dinámica a la estructura agraria del país, comparable sólo con la que se registró en 1856 con la Ley Lerdo. 

Por lógica, al mismo tiempo en que la superficie en circulación crece, se incrementa también el número de conflictos o pleitos que surgen por su tenencia. Ese fenómeno, a su vez, determina la elevación de la demanda social de servicios jurisdiccionales y de representación legal, demanda que debe ser atendida y satisfecha por el Estado con la finalidad de fortalecer la estabilidad social y de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, so pena de que los procesos agrarios en curso devengan fuente de despojos e injusticias. Ese es justamente la fase en la que nos encontramos.

Desde los albores de la década pasada (2010-2020), el ritmo de la regularización comenzó a descender, no así el ritmo de crecimiento de la demanda de servicios públicos de impartición y de procuración de justicia, cuya dimensión ha seguido aumentando y diversificándose a medida que la circulación de la tierra en el mercado inmobiliario se eleva. Hoy, en 2026, la regularización todavía no termina y, en cambio, la necesidad de servicios se sigue manteniendo al alza. 

No obstante, parece que el gobierno de la 4T diagnostica lo contrario y, en vez de ampliar los recursos destinados a ese rubro, continúa disminuyéndolos. La procuración de justicia ha sido asfixiada por la incapacidad gubernamental de interpretar tanto el momento histórico como la función procuradora, ya que, bajo el enfoque reduccionista que maneja, la canalización de mayores recursos para su atención no se justifica. Antes bien, los abate a su mínima expresión. De este modo, la Procuraduría Agraria no responde a las necesidades reales ni en materia de asesoría y representación legal, ni en materia de investigación y conciliación de conflictos, de suerte que su papel es intrascendente y su servicio es de mala calidad. 

Ello satura de trabajo a los tribunales agrarios, provocando la eternización de los juicios ante la impotencia de los justiciables, en su gran mayoría campesinos de escasos recursos, quienes difícilmente pueden sufragar los juicios y menos en tribunales situados fuera de sus lugares de residencia, no se diga los emolumentos de los abogados. Lo peor es que esta adversa situación contribuye a pauperizar el valor de las tierras ejidales. Es de ahí que uno se pregunta cuál será la película que está viendo el Gobierno de la Transformación, ya que sus políticas públicas en este renglón se distancian cada vez más de la realidad.