Opinión
La Jornada Maya
14/06/2026 | Mérida, Yucatán
Al hablar de México y la corrupción, la percepción generalizada es que el fenómeno es inevitable, que combatirla es prácticamente replicar la lucha contra la mitológica hidra. Hasta hubo un presidente que refirió que se trata de “una debilidad de orden cultural”. Y entre científicos sociales es sabido que alcanzar un cambio en ese nivel es una tarea que lleva mucho más de un sexenio y que para lograrlo es necesaria una estrategia integral y que su ejecución sea ininterrumpida, algo que suele ir contra muchos intereses.
Quienes han resultado beneficiados por la misma corrupción y también se encargan de promoverla promueven también que en el ánimo ciudadano queden fijas dos ideas: que el combate es inútil y que cuando alguien “cae” como resultado de investigaciones es porque se trata de un personaje incómodo y todo se debe a un ajuste de cuentas.
A quienes les interesa que la corrupción continúe, curiosamente, también les resulta esencial que se mantenga la idea de que el único modo en que caiga un “pez gordo” es si éste pertenece a un partido distinto al del grupo gobernante, y mientras tanto también demandan que se haga “justicia” arbitrariamente contra personajes que les parecen relevantes, aunque sus acusaciones carezcan de fundamento.
Pero igualmente se encargan de propagar mensajes como que “no se hace nada”, y cuando una dependencia como la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sanciona a 39 servidores públicos de distintas instituciones por faltas graves y no graves, evitan ingresar estos datos a la contabilidad. Precisamente, esa dependencia ha actuado inhabilitando a cuatro funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), inhabilitándolos hasta por 20 años e imponiéndoles multas que sumadas dan mil 192 millones 500 mil pesos. El motivo fue la adquisición e instalación de 82 mil optimizadores de tensión considerados innecesarios para la prestación del servicio eléctrico.
Es posible deducir que estos trabajadores de la paraestatal obtuvieron un beneficio por promover la adquisición de esos instrumentos, adquirirlos de uno o varios proveedores previamente seleccionados, dirigir las licitaciones correspondientes y dar cuenta de la instalación de los equipos. Pero también hay otros ejemplos de faltas graves, que van desde un tratamiento inadecuado a un paciente con diagnóstico terminal en el Instituto Mexicano del Seguro Social, otro que vendió guías de mensajería recibiendo 152 mil pesos, quien fue responsable de irregularidades en operaciones del Banco del Bienestar, y otro que realizó depósitos a su cuenta personal y no devolvió un automóvil del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.
También hubo resultados, expresados en sanciones, en el combate a faltas no graves por parte de servidores públicos. Estas se dieron en el IMSS, la Guardia Nacional, Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Cultura, la Procuraduría agraria, el Tren Maya, la Profeco, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
También debe llamar la atención la aprehensión contra Héctor Taurino Landa Cabrera, ex administrador central de la Coordinación Estratégica de la Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT, un caso de enriquecimiento inexplicable que podría brindar información sólida acerca de cómo grandes empresarios pueden evadir el pago de impuestos.
El ruido en estos momentos está centrado en una figura: el morenista Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa. Independientemente de lo que resulte de la investigación, debe reconocerse que sí hay frutos en el combate a la corrupción. Tal vez hoy no resulten el caso ejemplar del sexenio, pero sí es posible tomarlo como signo de que podemos esperar una cosecha mayor en el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Edición: Fernando Sierra
