Opinión
La Jornada Maya
08/09/2026 | Mérida, Yucatán
Ha transcurrido casi una década desde que el Colectivo Maya de Los Chenes comenzó una lucha legal por el cuidado del medio ambiente que enfrenta a quienes ven el acceso al agua como un bien de uso en lugar de hacerlo como un derecho humano. En el camino se han topado con quienes fomentan la aplicación extendida del glifosato, como herbicida agrícola, así como el cultivo de transgénicos.
Pero ahora, el Colectivo y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental han conseguido que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolviera por unanimidad el amparo que promovieron en 2020. Han sido seis años de brega tras denunciar la presencia de plaguicidas y herbicidas altamente tóxicos en el agua, con graves efectos en la salud de las personas, pues llegaron a documentar que estos químicos se encontraban incluso en la leche materna de pobladoras de Los Chenes.
Leydy Pech, Oziel Pech y muchos otros han conseguido visibilizar, en estos años, que el modelo de agricultura que se promueve desde grandes corporaciones como Monsanto tiene consecuencias graves en el ambiente y en la salud de las personas, además de impactar negativamente en otras actividades económicas primarias, como la apicultura, en las que la península de Yucatán ha conseguido hacerse de un nombre precisamente por garantizar la inocuidad de la miel.
Sin embargo, el fallo de la SCJN debe hacernos reflexionar acerca de la fragilidad ambiental de la península. La región de Los Chenes, en Campeche, es conocida por la profundidad de sus pozos y de las proezas a las que tuvieron que recurrir sus habitantes para llegar al agua, sintetizada en una litografía de Frederick Catherwood publicada en el libro Viajes a Yucatán, de John L. Stephens. Esa misma agua es la que puede llegar a cualquier otro punto de los tres estados, porque el suelo kárstico actúa siguiendo el principio de los vasos comunicantes.
Lo que ocurra con el agua de Los Chenes debe importarnos a todos, sabiendo que las recargas del manto freático dependen de la oportunidad y frecuencia de las lluvias, así como de la permeabilidad del suelo. Pero hasta ahora, han sido 17 comunidades las que alzaron la voz en un tema que, resuelto por la SCJN, es de beneficio colectivo más allá de los límites políticos de Campeche, Quintana Roo y Yucatán.
La península, es sabido, carece de fuentes superficiales de agua. Los mecanismos para la recolección de lluvia parecen cosa de antaño, cuando las casas contaban con aljibes, o las ciudades prehispánicas del Puuc incluían chultunes para almacenar el vital líquido. La contaminación del manto freático es un riesgo colectivo, mayor si, con el pretexto de desarrollar el cultivo de alimentos, se aplican sustancias dañinas para la biodiversidad.
El amparo definitivo que obtuvieron el Colectivo y el Cemda incluye otros dos logros: uno, que las comunidades no están obligadas a demostrar por sí mismas el riesgo de exposición a contaminantes, lo que las libera de pagar estudios y monitoreos que son responsabilidad de las autoridades ambientales en los tres niveles de gobierno.
El segundo logro es que la resolución ordena establecer un sistema de información ambiental, con responsabilidades bien definidas, que es donde ambas organizaciones ven un riesgo. La lucha les ha preparado para escuchar respuestas insensibles como “no hay presupuesto”, “no hay lineamientos”, cuando lo que en realidad no existe es la voluntad. Es aquí donde cada quien puede hacer un poco, porque el agua terminará por llegar a los sistemas de distribución, donde se aplica cloro en lugar de potabilizar, lo que solamente elimina microorganismos, pero no los pesticidas. Las consecuencias pueden ser mayores para el sistema público de salud, pero ya sabemos que esa contaminación es prevenible.
Sí, es momento de escuchar a la academia y replantear los sistemas agrícolas en la península, fomentando prácticas amigables con el medio ambiente, pero también retirar del mercado para siempre los plaguicidas catalogados como altamente peligrosos, que suelen venderse sin control e incluso entregarse como apoyos al campo, lo que ya constituye un juego perverso. Urge entonces que las dependencias encargadas de la protección a la ecología se coordinen, en nombre de la salud de todos.
Edición: Estefanía Cardeña