Opinión
Ornela De Gasperin Quintero
08/09/2026 | Mérida, Yucatán
El 20 de diciembre de 2022, la empresa estadunidense Honduras Próspera Inc. anunció una demanda de 10 mil 700 millones de dólares en contra de la República de Honduras. La cifra requerida equivale a dos terceras partes del PIB de Honduras.
Los inversores de Próspera quieren que Honduras les indemnice por la decisión de quitar una ley del año 2013, que permitía la creación de zonas económicas especiales, o ZEDEs, Zonas de Empleo y Desarrollo Económico. Las ZEDEs son ciudades enteras que permiten a corporaciones privadas gobernar territorios con sus propios sistemas legales, judiciales, fiscales y de seguridad, independientes de la jurisdicción del gobierno nacional. Las venden a inversores extranjeros como paraísos criptolibertarios, con total autonomía financiera y judicial, en donde no aplican las normas de regulación ambiental ni el estado de derecho que tiene Honduras.
La demanda de 10 mil 700 millones de dólares de Próspera fue presentada ante el emblema de irracionalidad económica mundial, el CIADI, Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, organismo del Banco Mundial.
El CIADI y los demás tribunales de arbitraje internacional similares son foros en los que las empresas obligan a los Estados a ‘compensar’ las políticas públicas que promueven el bienestar de la gente o la conservación del medio ambiente.
El CIADI se fundó en 1966; su convenio de integración fue ratificado por 20 países y, desde entonces, se convirtió en un mecanismo legal para que las corporaciones y monopolios internacionales tengan libre acceso a los recursos naturales y a la mano de obra barata del Sur Global.
A partir de la década de 1950, varios países del Sur Global –muchos de los cuales apenas se estaban independizando, después de siglos de ser colonias– comenzaron a nacionalizar sus recursos. Querían usarlos para el desarrollo nacional después de siglos de haber sido saqueados por el Norte Global. En respuesta, los países ricos desataron olas de violencia y asesinatos, organizando golpes de Estado y asesinando a líderes progresistas y torturando a los ciudadanos que los apoyaban. En complicidad con el capital internacional, crearon un engendro jurídico para someter a los países subdesarrollados sin tanta violencia directa: el CIADI.
Toda empresa con sede en cualquier país que integra el CIADI puede demandar a cualquier Estado adherido a ese organismo por pérdidas económicas, reales o potenciales. Cualquier expropiación, ley de protección ambiental u otra decisión soberana son causas de demanda en el CIADI.
Los arbitrajes se llevan a cabo en el Banco Mundial, a puertas cerradas. Las disputas se resuelven con el voto de únicamente tres personas, que pueden o no ser abogados, cuyos fallos son inapelables y de cumplimiento obligatorio. Demandas de miles de millones de dólares se deciden por decisión de este tribunal amañado del Banco Mundial. En la mayoría de los casos, ganan las empresas.
A partir de la creación del CIADI, han surgido sectores financieros corporativos, cuyo modelo de negocio es financiar las demandas de las empresas contra los países. Si ganan las empresas, estos ‘third financing parties’ reciben una tajada de la ganancia de la empresa.
Como consecuencia de la existencia del CIADI, muchos países no pueden proteger a su población y al medio ambiente. Y existe un traspaso de miles de millones de dólares de los países más pobres del mundo a las empresas más grandes y contaminantes.
Como Honduras, México también es víctima del CIADI. Metalclad, una corporación basada en EUA, que usaba a nuestro país como basurero, le cobró a México 15.6 millones por cerrar ese depósito de basura. En 2012, Ecuador tuvo que pagarle a una empresa gringa 980 millones de dólares por prohibir la exploración de petróleo. Esto es tres veces lo que gasta Ecuador en salud en un año.
México ratificó el convenio de ingreso al CIADl el 26 de agosto de 2018, 56 días después del triunfo electoral de Morena y tres meses antes de que Andrés Manuel López Obrador asumiera la Presidencia de la República.
No hay todavía una fecha pública definitiva para el laudo final de Próspera contra Honduras; el caso sigue en fase procesal.
En febrero de 2024, la presidenta hondureña Xiomara Castro reafirmó la democracia y la soberanía de Honduras al retirarse del CIADI. Debemos presionar para que nuestra presidenta Claudia Sheinbaum también procure el retiro de México.
¡No hay justicia climática sin justicia social!
Edición: Estefanía Cardeña
