Agua, represión y privatización

El agua se ha convertido en un tema central de la discusión pública y política de México. La represión ejercida el pasado domingo en Guadalajara, Jalisco, por el gobierno encabezado por Pablo Lemus, del partido Movimiento Ciudadano, desató no sólo el rechazo por las acciones violentas contra los manifestantes que exigían agua limpia y la no privatización del vital líquido, además de la cancelación del pacto que va creciendo con empresas israelíes vinculadas con el genocidio que se comete en Palestina desde hace más de ocho décadas, sino que también propició una alerta que no puede pasar desapercibida, pues justamente el proceso privatizador del agua se ha denunciado desde décadas atrás, durante el periodo más agudo del neoliberalismo mexicano llevado a cabo por el PAN y el PRI. 

En esta ocasión, el tema del agua y su privatización va tomando un nivel mucho más agudo y preocupante, primero porque ya todos hemos visto los videos de ciudadanos del estado de Jalisco donde se observa cómo el líquido que sale de las tuberías del servicio público está totalmente contaminado y es absolutamente insalubre, y segundo porque el gobierno de Pablo Lemus ha establecido una serie de alianzas con empresas israelíes partícipes del sionismo genocida que desde años atrás ha desarrollado una estrategia de penetración en América Latina con la finalidad de apropiarse de recursos naturales como el agua, de territorios para crear asentamientos e infiltrar a las fuerzas armadas y a las policías estatales, así como expandir su ideología mediante supuestos proyectos “culturales y educativos”, lo cual no es otra cosa que una forma de difuminar sus ideas en comunidades específicas donde las poblaciones vulnerables y los recursos naturales y materiales se encuentran interrelacionados, siendo, además, la difusión religiosa de un cristianismo evangélico una forma de control subjetivo de comunidades enteras, y todo esto ha sucedido en México con la anuencia de gobiernos conservadores y ultraderechistas, como es el caso actual de Jalisco, aunque se ha documentado la presencia sionista en otras entidades como Chiapas. 

La alianza yanqui-sionista que hoy desarrolla el genocidio en Palestina ha usado justamente el agua como una estrategia de guerra al prohibirle a la población palestina su consumo y adquisición, ya sea mediante la ocupación ilegal de territorios donde la producción agrícola es vital para la supervivencia de la población y de la economía local, o al llegar al extremo de establecer leyes que impiden que las y los palestinos acumulen incluso agua de lluvia, por ser supuestamente “propiedad” de Israel, sin olvidar el bloqueo a la ayuda humanitaria; es decir, en estos tiempos de crudeza inhumana, el tema del agua ha llegado a niveles que no pueden reducirse de forma moral y ética a simples convenios económicos. 

La política extrema neoliberal desarrollada durante décadas por el PAN y el PRI en México, hoy vuelve a estar sobre la mesa con las acciones del gobierno de Pablo Lemus y el partido Movimiento Ciudadano que buscan la privatización del agua y que, ante el reclamo social por la defensa del derecho inalienable de todo ser humano a tener acceso al vital líquido como un bien social, llevan a cabo una violenta represión como la observada el fin de semana pasado, donde de forma cínica una gran parte de las y los manifestantes fueron reprimidos con chorros de agua limpia, lo que no es otra cosa que una muy descarada manera de burlarse del sentir social, pues aquello que se busca defender de la privatización termina siendo usado también para violentar los derechos humanos de las y los manifestantes. 

Estos acontecimientos, la privatización del agua, su contaminación y la entrada de empresas israelíes a México, no son ajenos a Yucatán, pues apenas hace unos días que se reveló por medio de videos en redes sociales la presencia de representantes israelíes que buscan establecer acuerdos económicos que les permitan desarrollar proyectos con base en la explotación de la riqueza natural, poniendo en riesgo los ecosistemas de la entidad y la soberanía de la nación. Y no puede olvidarse el hecho de que, durante el sexenio pasado del ex gobernador panista Mauricio Vila Dosal, se firmaron acuerdos de intenciones económicas con empresas israelíes, lo que deja claro que la ultraderecha aspira a someter a la región a los intereses de la alianza yanqui-sionista. En América Latina se pretende agudizar el campo de batalla de una guerra confeccionada para destruir el patrimonio de nuestros pueblos, convirtiéndolo en mercancía a la cual accederemos pagando un doble precio: el del dinero y el de nuestra salud y dignidad humana.

Edición: Estefanía Cardeña