El fin de la Conago y el pacto fiscal

Hace unas semanas se llevó a cabo en San Luis Potosí una reunión más de la no tan célebre Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). En esa ocasión advertí, en este espacio de La Jornada Maya, sobre el ambiente de encono y desconfianza que privó en ese encuentro al que concurrió por última vez un grupo de 10 gobernadores constituidos en la autodenominada Alianza Federalista, que a lo largo de varios meses manifestó su beligerancia frente al gobierno federal y en particular, frente al titular del Poder Ejecutivo. Hace unos días el encono y la desconfianza se volvieron repudio. Aquellos diez descontentos anunciaron públicamente su salida de la Conago, señalando que “… ya no funge como un espacio de deliberación para defender el federalismo tributario y la soberanía de los estados…se ha alejado de su función y su espíritu en general.”

Como señalé en esa oportunidad, la Conago nunca fue en realidad un espacio confiable de discusión del federalismo tributario de nuestro país, sino más bien un contrapeso al ascenso de Vicente Fox a la presidencia que idearon priístas y perredistas en 2002, y a los que un año más tarde se unieron el resto de los gobernadores del país, incluyendo los propios panistas.  

En rigor, la institucionalidad construida en nuestro país del federalismo tributario, o más propiamente del federalismo hacendario, deriva de la Ley de Coordinación Fiscal y del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que la propia Ley mandata. Se trata de una norma jurídica promulgada en 1980 (en 1953 se promulgó una anterior denominada Ley de Coordinación Fiscal entre la Federación y los Estados), después de largas décadas de discusión y análisis entre juristas, fiscalistas y demás especialistas del tema, que había llevado a la celebración de tres convenciones nacionales hacendarias en 1925, 1933 y 1947. Hablamos pues de un largo proceso de construcción histórica del federalismo que a partir de aquel año de 1980 delimitó las potestades de los tres órdenes de gobierno en materia de recaudación y de gasto. Lo que comúnmente conocemos como pacto fiscal.  

La Ley de Coordinación Fiscal vigente conformada de cinco capítulos, establece claramente las potestades recaudatorias de cada orden de gobierno y dos mecanismos principales de distribución de recursos a estados y municipios: los recursos del Ramo 28 del Presupuesto de Egresos de la Federación denominados participaciones federales (Cap. I) (de libre ejercicio por parte de los gobiernos estatales) y los del Ramo 33 (Cap.V) (recursos etiquetados para educación, salud, combate a la pobreza y seguridad pública).  Es una distribución que mediante distintas fórmulas considera la riqueza generada en cada entidad federativa (el producto interno bruto), la población y la eficiencia recaudatoria de cada entidad, a lo que se suma con un espíritu compensatorio el criterio y las fórmulas que calculan las necesidades de la población para buscar un mayor equilibrio regional y menos desigualdades entre entidades federativas.  

Lo más interesante sin embargo, es que la propia Ley dota al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal de los mecanismos mediante los cuales este puede revisarse permanentemente para, en su caso, proponer las reformas que permitan mejorar tanto su eficiencia recaudatoria como el ejercicio de los recursos públicos, como son: la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales, la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales y el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (Indetec), tres instancias de discusión, estudio y análisis establecidas en el capítulo IV de la Ley, a las que deben concurrir los secretarios y servidores públicos de las haciendas públicas de las entidades federativas y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Los canales de comunicación ente el gobierno federal y los gobiernos estatales existen. Es cosa de ponerlos a funcionar en el marco de la legislación establecida. Si queremos empezar una discusión técnica, jurídica, rigurosa sobre eventuales reformas al pacto fiscal, utilicemos las instituciones existentes. La Conago nunca sirvió para eso.

 *Profesor de la UNAM.

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Edición: Ana Ordaz