No se dejen intimidar, la consulta es inconstitucional

Omar García Huante

*Abogado constitucionalista y socio fundador de HW Abogados SCP

La democracia participativa tiene como objetivo esencial que los ciudadanos formemos parte de las decisiones que, por su importancia y trascendencia, definen el futuro de México.  

En este marco, en el que la ciudadanía debe participar en las decisiones de mayor importancia para México, el presidente de la República propuso llevar a cabo una consulta popular, para que el pueblo decida si se debe investigar y sancionar a los ex presidentes, por delitos supuestamente cometidos durante su periodo de gobierno.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación será la encargada de calificar la constitucionalidad de la consulta propuesta por el Ejecutivo Federal. Para cumplir con ese fin, el proyecto de resolución lo elaboró el ministro Luis María Aguilar y se discutirá en los primeros días de octubre.  

El ministro, después de explicar en forma clara y concreta las reglas de la consulta popular, arriba a la conclusión de que la propuesta formulada por el presidente López Obrador es inconstitucional, fundamentalmente, porque no puede realizarse una consulta que condicione la vigencia de los derechos humanos a lo que decidan las mayorías.  

La ciudadanía no puede decidir si se deben investigar o procesar los delitos cometidos en ejercicio de la función pública; a ella compete obligadamente denunciar los hechos delictivos de los que tengan noticia y coadyuvar, en su caso, con las instituciones del Estado.

Toda consulta, señala el proyecto del ministro Aguilar, busca maximizar la voz de la ciudadanía y fortalecer sus derechos, nunca disminuirlos, como podría suceder si el resultado de una eventual consulta fuera a favor de no investigar, perseguir y sancionar los delitos, lo cual generaría un fraude a la Constitución y al pueblo de México.

Conclusión que parece natural si de forma genérica nos preguntamos: ¿está usted de acuerdo en que cualquier delito que se cometa en México se investigue y se sancione?

Es obvio que la respuesta es categórica, cualquier ilícito, con independencia del sujeto que lo cometa, debe investigarse y sancionarse.

Imagínese usted que por cada delito que se comete en las altas esferas de la política mexicana, tuviéramos que convocar a una consulta pública para que las instituciones cumplan con su deber. El servicio público se convertiría en un espacio de impunidad.

Tres aspectos que debemos reconocer del proyecto presentado por el ministro Luis María Aguilar:  

1. La congruencia. El proyecto respeta la esencia de la consulta popular como instrumento de participación ciudadana, la cual debe desarrollarse en un marco en el que imperen los principios que fundan las instituciones mexicanas y los derechos humanos.

2. La oportunidad con que el proyecto se elaboró. Al tratarse de un tema de la agenda política, era importante llevarlo al Pleno en un corto tiempo, para evitar especulaciones innecesarias que irían en demérito de la independencia judicial.

3. La publicidad del proyecto. Al tratarse de un tema relevante para la opinión pública, la mejor decisión fue publicarlo en los distintos medios electrónicos de la Suprema Corte, con el propósito de que la ciudadanía esté informada sobre la decisión que en próximos días se emitirá.  

La Suprema Corte de Justicia de la Nación inspira a los mexicanos confianza, respeto e independencia en el ejercicio de su principal función: defender a la Constitución.

Sin importar el presidente de la República en turno o la conformación de las fuerzas políticas en el Congreso, los ministros integrantes del Pleno han logrado salvaguardar los principios que enarbola nuestra Constitución y que fundan las instituciones jurídicas de nuestro país.

Por ello, señoras y señores ministros, acepten la recomendación del presidente de la República y no se dejen intimidar, la consulta propuesta es inconstitucional.

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Edición: Elsa Torres