Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, explicó que desde el sexenio anterior los servicios de laboratorio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fueron subrogados a empresas privadas, lo cual mermó la capacidad de ese sistema de salud para realizar las pruebas de diagnóstico con el fin detectar y controlar las infecciones de COVID-19. El funcionario puntualizó que las autoridades se vieron atadas a continuar la relación con los laboratorios privados, debido a que siguen vigentes los contratos respectivos, y desconocerlos o modificarlos implicaría penalizaciones.
El director del IMSS, Zoé Robledo, confirmó que ha sido todo un desafío aplicar los exámenes clínicos necesarios.
La subrogación es uno de los muchos esquemas de los que echaron mano las administraciones neoliberales en su empeño por desmantelar al Estado mediante la transferencia de recursos públicos a agentes privados. Es decir, el Estado paga para que se entregue un servicio a los ciudadanos, un privado da la atención en cuestión y, con el fin de aumentar sus ganancias, impone limitaciones en calidad o alcances de ese derecho social.
Si la subrogación es cuestionable en cualquier ámbito, en cuanto supone usar el patrimonio de los mexicanos para brindar oportunidades de lucro a unos cuantos, recurrir a ella en materias como la salud pública o los servicios de cuidados personales implica una amenaza contra los derechos humanos y una franca invitación al desastre.
Así lo demuestra la insuficiencia diagnóstica con la que debió afrontarse la pandemia, pero también episodios como la tragedia en la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, que pertenecía al sistema de estancias subrogadas a particulares por el IMSS. El 5 de junio de 2009, un incendio magnificado por la negligencia con la que fueron diseñadas las instalaciones mató a 49 bebés y niños y dejó a otros 106 infantes con diversas heridas, algunas tan graves que los afectados han debido someterse a decenas de intervenciones quirúrgicas.
Como también exhibió el caso de la guardería, la subrogación es un esquema altamente permeable a la corrupción y al tráfico de influencias: una de las dueñas, y en ese sentido presunta responsable de la muerte de los infantes, es prima de Margarita Zavala, entonces primera dama, ex candidata presidencial y hoy aspirante a conformar un partido político nacional; otra socia era Lourdes Laborín, esposa del entonces gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo.
Estos episodios debieran dejar claro que el Estado no puede abdicar de sus responsabilidades en la provisión de servicios esenciales como los referidos.
También constituyen recordatorios insoslayables de que el mercado y sus agentes se mueven por afanes de lucro incompatibles con las necesidades sociales, por lo que transferirles funciones del sector público no resuelve las insuficiencias que éste pueda presentar y, por el contrario, genera toda índole de problemas.
Edición: Ana Ordaz
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