Fernando Gallegos y Rubén Torres
En junio pasado, al comenzar a colaborar en el capítulo Empleo y Economía del Observatorio Regional de Gobernanza y Acción Social ante el COVID-19 en Yucatán (ORGA), nos trazamos los objetivos de estudiar, analizar y crear información sustancial sobre los procesos en los que se establecen los acuerdos entre empresarios y los gobiernos, estatal yucateco y municipal de Mérida. Buscamos observar el cómo, porqué, quién y dónde en la implementación de los apoyos emergentes que buscan el impulso de la economía y el empleo frente a la emergencia sanitaria. Se trata de un reto que compagina los datos duros económicos con una lectura cualitativa en la construcción de acuerdos sociales.
Han pasado cinco meses desde que comenzamos el ejercicio de observación, y podemos señalar que los sectores, gubernamental, sociedad civil, empresarial y académico, han tenido que darse a la tarea de trabajar conjuntamente para hacer frente a esta situación inédita.
La pandemia vino a evidenciar una realidad de la que muchos hablaban pero que pocos reconocían: una sociedad yucateca y meridense, que se mueve a dos velocidades. Solo por ejemplificar, a inicios de año se contaban 727 mil 529 empleos formales (Inegi), pero solamente 34 por ciento tenía acceso a servicios de salud, estamos hablando que más de 480 mil trabajadores se encontraban a su suerte. A lo anterior se debe agregar que en el primer trimestre económico el IMSS contabilizó 24 mil 233 asegurados menos, es decir que, para abril, momento de inicio de la pandemia Yucatán contabilizaba más de medio millón de trabajadores en situación de vulnerabilidad.
Fue ante este escenario que los gobiernos, estatal de Yucatán, y municipal de Mérida, se dieron a la tarea de echar andar una serie de estímulos orientados a salvaguardar, en la medida de lo posible, la economía local. Entre abril y junio fueron 11 millones 425 mil pesos los que se repartieron entre el sector comerciante y empresarial de la ciudad. Sin embargo, esta cantidad palidece cuando se compara con el gasto que el ayuntamiento dirigió para solventar la pandemia en el mismo periodo de abril-junio: 67 mil 920 millones de pesos. El grueso de las ayudas fue dirigida a la compra y distribución de “Despensas alimentarias” (31 millones aproximadamente) seguido de “Sanitización y desinfección de espacios municipales” (22 millones). Lo anterior nos indicaba medidas paliativas pero que no reactivaban la economía.
Fue a partir de los meses de junio, julio y agosto que las autoridades acudieron a una serie de esfuerzos conjuntos con el sector empresarial principalmente, para reactivar la economía y no quedarse exclusivamente con medidas de contención. El 1 de septiembre arrancó la llamada “Reactivación Económica Segura”; amplio acuerdo entre el gobierno del estado de Yucatán, el Ayuntamiento de Mérida, organizaciones obreras y el sector empresarial. Representantes de la Canacintra, Cmic y Aaprotuy participaron en la elaboración del plan para la reapertura gradual y escalonada de las actividades económicas no esenciales. La medida buscaba impactar positivamente a sectores como la industria restaurantera, la construcción y servicios profesionales.
No obstante, la anhelada reactivación no llegó del todo. Uno de los factores que más perjudicó la apertura fue la inadecuada planeación en los proyectos de movilidad y transporte urbano. Factores inesperados como la tormenta tropical Cristóbal y los huracanes Delta y Zeta, obligaron a nuevos cierres temporales y han afectado a una economía que no ve para cuando recuperarse.
Las autoridades gubernamentales no pueden estar rebasadas por la situación. Al contrario, la crisis económica ocasionada por la pandemia les ha otorgado la oportunidad histórica de “construir conjuntamente” con varios sectores de la sociedad: comerciantes y empresarios, sociedad civil organizada, sector académico, entre otros. Mauricio Vila Dosal, Renán Barrera Concha y sus respectivos equipos están descubriendo que el ejercicio de “gobernar por acuerdos” no es sencillo, pero siempre es un ejercicio que permite recuperar y reconstruir el tejido social en momentos en los cuales es quizás lo que haga más falta. El gobierno parece estar entendiendo que la economía se hace con inversiones, pero la mejor inversión continúa siendo la confianza.
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