Es insólito, y aporta un tufo a impunidad y a persistencia de un fuero militar de facto, el trato especial gestionado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y taimadamente concedido por Donald Trump, en el caso del general en retiro Salvador Cienfuegos, acusado de delitos y encarcelado en Estados Unidos, a quien ayer se le obsequió “el desistimiento” por parte de las autoridades del vecino país para que en el nuestro lo investiguen y, en su caso, lo procesen judicialmente.
La clave del caso está en el primer párrafo del escrito del Departamento de Justicia, dado a conocer ayer y enviado a la juez Carol B. Amon: "Los Estados Unidos han determinado que consideraciones de política exterior, sensibles e importantes, tienen mayor peso que el interés del gobierno en mantener la persecución penal del acusado, bajo la totalidad de las circunstancias, y, por tanto, requiere desestimar el caso" (https://bit.ly/38TWSRA). Es decir, de ninguna manera se exonera al general Cienfuegos, sino que el gobierno de Trump considera que sus buenas relaciones con México son más importantes que el continuar con el proceso al ex secretario de la Defensa Nacional y lograr su eventual sentencia condenatoria.
Las “consideraciones de política exterior, sensibles e importantes”, no aparecen de pronto en el aire de la Casa Blanca ni de manera unilateral o gratuita. Esas relaciones son bilaterales y se negocian. Y, por lo visto, México presionó y negoció para que Cienfuegos sea devuelto a México a fin de ser investigado por una colaborativa Fiscalía General de la República (que ya había abierto indagaciones de oportunidad para “recibir” el caso y ahora deberá investigar lo que le envíe Estados Unidos de pruebas delictivas que la propia FGR no había recolectado nunca) y para, supuestamente, ser sujeto de un proceso judicial exculpatorio o condenatorio, como si en México hubiera poderes públicos con la capacidad de resistir la presión de enjuiciar a un ex jefe militar de ese rango, con vinculaciones con grupos castrenses de poderío evidente.
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A fin de cuentas, el episodio de este martes es una manzana envenenada para el gobierno obradorista y para el sistema político mexicano en general. Es un “regalo” de Trump a López Obrador, cuyo gobierno se apoya cada vez más en la fuerza militar, que permitirá en lo inmediato dar sosiego a la élite verde olivo, pero que al mismo tiempo pondrá bajo la lupa internacional y nacional la capacidad real de México para procurar e impartir justicia en este caso tan delicado.
Si acá triunfan la impunidad y las complicidades, será un golpe demoledor para el discurso, hasta ahora poco eficaz, contra la corrupción. Y la siguiente administración de Estados Unidos, si, como todo indica, queda Joe Biden a la cabeza, podrá incluso reprochar el curso de esta decisión de “desestimar" las acusaciones a Cienfuegos y eventualmente pretender algún tipo de correcciones de lo hecho ayer por Trump.
Vale preguntar a cambio de qué se concedió a México esta decisión negociada al más alto nivel (el responsable de la política exterior es el presidente de la República y el secretario de Relaciones Exteriores es un subordinado que cumple instrucciones). Ayer mismo, apenas se conocía la información del desistimiento, el canciller Ebrard salió a confirmar el hecho, a precisar que Cienfuegos regresará a México “sin cargos”, como un ciudadano más, y a precisar que el gobierno federal no ve lo sucedido como “un camino a la impunidad, sino como un acto de respeto a México” y las fuerzas armadas.
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Por lo pronto, queda de manifiesto que los procesos judiciales estadunidenses pueden ser frenados o distorsionados en determinadas etapas por intereses políticos confesos. Y a México corresponde ahora el turno de demostrar (uf) que se puede hacer justicia verdadera, que no hay protección a las élites militares y que al presunto autor de actos delictivos, Cienfuegos, no se le dará acá otro trato de privilegio. ¡Hasta mañana!
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Edición: Ana Ordaz
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