Autoritarismo contra medios críticos

Eduardo Lliteras Sentíes
Foto: Fabrizio León Díez
La Jornada Maya

21 de diciembre, 2015

Si tras Gutenberg, la revolución del pensamiento y de las ideas, gracias al libro, desencadenó transformaciones político-sociales, culturales y religiosas que el poder intentó contener y evitar burda y brutalmente, ahora estamos ante otra revolución: la que han generado las nuevas tecnologías, los celulares, tabletas y computadoras gracias a Internet, redes sociales y medios electrónicos independientes. Estamos ante invenciones que tienen un potencial transformador inmenso, tan grande como el miedo de actores políticos y gobiernos que han desatado no sólo una cacería de espionaje contra la ciudadanía (como la denunciada por Edward Snowden y operada por el gran hermano estadounidense), sino un afán censor que sería envidia de cualquier inquisidor o del mismo Savonarola.

Gobiernos de todo el mundo han lanzado un intento tras otro por controlar Internet y las redes sociales. China y Arabia Saudita son los casos extremos. Sin embargo, en México, el último intento por acallar a la ciudadanía y voces críticas que se han refugiado en la web, es la llamada “ley de réplica”, en realidad una ley mordaza en toda forma, iniciativa del ex-diputado Verde Arturo Escobar, quien actualmente es señalado por la Fepade por violar la ley electoral.

Aprobada por los diputados de la pasada legislatura –nos tendrían que dar explicación los ex diputados yucatecos, algunos en nuevos cargos de gobierno- la Ley Reglamentaria del Derecho de Réplica entró en vigor el pasado 4 de diciembre. Auténticamente es una ley mordaza; autoritaria expresión de una dictadura, no de una supuesta democracia. Precisamente de esa manera han comenzado a amenazar con utilizarla en Yucatán algunos actores políticos, incapaces de aceptar la crítica. Ahora tienen una herramienta para acabar con las pocas voces que cuestionan sus urdimbres o malas prácticas.

[h2]Cuestión de derechos[/h2]

Sin oponerse al derecho de réplica (ya consagrado por la Constitución), se repudia dicha ley porque pone a los periodistas en la obligación de probar la “falsedad e inexactitud” de cuanta información y opinión publiquen, con la amenaza de juicios y sanciones económicas devastadoras e impuestas a libre criterio de jueces, en no raros casos sometidos a intereses políticos.

Precisamente, la CNDH (Comisión Nacional de Derechos Humanos) y la CODHEY (Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán) han rechazado dicha ley. En el caso de la CNDH se inició una controversia constitucional.

La CNDH ha señalado que la ley en materia de réplica no cubre con los estándares constitucionales que sobre el derecho a la libre manifestación de ideas y el propio derecho de réplica garantiza la Carta Magna, así como los tratados internacionales firmados por México.

La CODHEY ha señalado que se violentan los derechos a la información, la libertad de expresión, de réplica, a la seguridad jurídica así como el principio pro persona.

Es decir, estamos ante una clara andanada represiva que no sólo tiene en la mira a los periodistas –fundamentalmente independientes y críticos, ya que la misma Ley de Réplica exime a quienes publican boletines de gobierno de cualquier sanción- sino a los ciudadanos.

A los ciudadanos porque dicha ley señala como sujetos obligados a las agencias de noticias, a los medios de comunicación, a los productores independientes y a cualquier otro emisor de información responsable del contenido original, sin que en este último caso precise qué se debe entender por “cualquier otro emisor de información”.

Es muy clara la intención de esta ley, que no ha sido rechazada, hasta ahora, por los partidos políticos o gobiernos de nuestro país; los que ven en dicha legislación un instrumento [i]ad hoc[/i] para aplastar cualquier crítica o cuestionamiento.

[h2]Amenazas en Yucatán[/h2]

En Yucatán, hasta ahora, no hemos escuchado a ningún presidente de partido, salir a defender el artículo sexto de la Constitución. Es decir, la libertad de expresión, el derecho a la información. Por el contrario, ya se alzaron voces, alegando “calumnias” y otros pretextos falsos, que amenazan con denunciar a todo aquél que ose criticarlas o cuestionarlas; olvidando que funcionarios públicos y políticos, en razón de la naturaleza pública de las funciones que cumplen, están sujetos a un tipo diferente de protección de su reputación u honra frente a las demás personas; tema que han pasado por alto, precisamente, en estos días, la ahora ex delegada del ISSSTE en Yucatán, Leticia Mendoza, o la presidente del partido Movimiento Ciudadano, Silvia López Escoffié. Ambas, ante los cuestionamientos, críticas, revelación de hechos u opiniones, han reaccionado amenazando con denunciar a quienes osen hablar de ellas en su calidad de funcionarias, que viven (o vivían, como Leticia Mendoza) del dinero público.

Sin embargo, ellas sí se arrogan el derecho de adjetivar a quien quieran, empezando por sus enemigos políticos o críticos, como la dirigente de Movimiento Ciudadano, quien se molestó por ser calificada de aliada del PRI -gobierno. Pero sólo hay que leer sus declaraciones de días pasados para, en mi opinión, percatarse que efectivamente lo es. Hablando del gobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello, no se detuvo en elogios: “Hay que reconocer las cosas buenas, veo que ahora que queda menos tiempo de su sexenio está mucho más sólido y consolidado que en sus inicios, cuando se veía sin metas y sin rumbo (...) por lo que le pongo una estrellita en la frente al niño Rolando”. Eso sí, sobre tema de la corrupción en la administración estatal reconoció que la ha descuidado, pero la justificó diciendo: “pero creo eso es natural en todos los priístas, es mucho pedir (que la combata)”.

Estos son hechos, no calumnias. Y en mi opinión, sometimiento al PRI-gobierno, al que además se pretende servir atacando a los medios críticos e incómodos a nivel local, convirtiéndose en ariete autoritario contra la prensa incómoda. Pero para eso, como la revista Proceso, hemos solicitado un amparo. Y defenderemos el derecho a la libertad de expresión y de opinión, hasta las últimas consecuencias, inclusive en instancias internacionales.

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