Minerva Santamaría
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Miércoles 28 de septiembre, 2016

[i]Karen, una joven indígena de 16 años, fue secuestrada por su tío y violada sexualmente en reiteradas ocasiones. Después de escapar, Karen y su mamá fueron a hacer una denuncia al Ministerio Público en Tlapa, Guerrero. Sin embargo, las autoridades ministeriales no levantaron la denuncia y le negaron el acceso al aborto debido a que no creyeron en su palabra y afirmaron que se había ido voluntariamente con su tío. Al final, la joven recibió apoyo de organizaciones de la sociedad civil para interrumpir el embarazo producto de la violación en la Ciudad de México[/i].

Aunque la legislación en México establece que el aborto por violación es legal en todo el país, el caso de Karen ejemplifica los serios obstáculos que todavía subsisten para cumplir con las leyes vigentes en los estados de la República Mexicana. Incluso, a partir de la modificación de la Norma 046, que elimina el requisito de la denuncia de la violación ante el Ministerio Público, se siguen usando argumentos legales, se aduce falta de información, o se recurre a un uso inadecuado de la objeción de conciencia para negarse a atender a las mujeres que recurren a los servicios solicitando la interrupción legal del embarazo.

El informe Víctimas por partida doble: Obstrucciones al aborto legal por violación en México publicado en 2006 por Human Rights Watch, afirma que en México las mujeres que han sido violadas y que resultan embarazadas son víctimas por partida doble; la primera vez por el perpetrador de la violación, y la segunda por los funcionarios públicos que las ignoran, las maltratan y les niegan el acceso a un aborto legal.

Es lamentable que diez años después esta afirmación siga aún vigente, pues las autoridades estatales siguen revictimizando a las mujeres que acuden al Ministerio Público o al sector salud al negarles el acceso al aborto legal al poner en duda que las mujeres y niñas han sido violadas, alargando el proceso de atención para que avance el tiempo de gestación y el aborto resulte una decisión y una experiencia más complicada, e infundiendo miedo a las mujeres, al afirmar que el aborto trae consecuencias como esterilidad, perforación del útero o muerte o daños psicológicos graves. Esta situación se agudiza cuando se trata de niñas y adolescentes porque se encuentran en mayor desprotección, lo que se pone en evidencia al ocupar México el primer lugar entre los países de la OCDE por los altos índices de abuso sexual, violencia y homicidios en contra de menores de 14 años. De acuerdo al Diagnóstico Nacional de Atención a Víctimas de Violencia Sexual, realizado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en 2016, en el periodo del 2010 al 2015 una de cada cuatro niñas sufrió de abuso sexual antes de cumplir 18 años y 6 de cada 10 abusos sexuales fueron cometidos en el hogar, por familiares o conocidos cercanos. Por su parte, la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo Adolescente (ENAPEA) reporta que la mayoría de los embarazos en niñas de 10 a 14 años son producto de una violación.

Diversos mecanismos internacionales han recomendado al Estado mexicano garantizar el acceso a la interrupción del embarazo, más aún cuando se trata de casos en los que está en riesgo la salud e integridad de mujeres y niñas. El Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém do Pará (MESECVI) ha sostenido que obligar a una mujer a continuar con un embarazo, especialmente cuando éste es producto de una violación, o cuando la vida o salud de la mujer está en riesgo, constituye una forma de violencia institucional, y puede ser una forma de tortura. En 2012, el Comité de la CEDAW recomendó al Estado mexicano armonizar las leyes federales y estatales relativas al aborto, a fin de eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres que deseen interrumpir un embarazo de forma legal. Dicha Convención señala, además, que la negación de un servicio de salud, como el del aborto legal, que solamente requieren las mujeres, constituye una forma de discriminación en su contra.

Este 28 de septiembre, Día Internacional por la Despenalización del Aborto, exhortamos a los gobiernos estatales a garantizar el acceso de mujeres y niñas a servicios de interrupción legal del embarazo y a sancionar a las autoridades que por prejuicios o por cualquier otro motivo las re-victimicen y les nieguen el acceso al aborto legal por las causales establecidas en la legislación local. Asimismo, urgimos a las autoridades de salud locales a que implementen la Norma 046. De lo contrario, estarían cometiendo una grave violación a los derechos humanos de mujeres y niñas al forzarlas a continuar con un embarazo producto de una violación.

Organizaciones firmantes:

Academia, Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos; Academia Mexicana de Derechos Humanos; ARTHEMISAS por la Equidad; Asociación Queretana de Educación para las Sexualidades Humanas AC; Cátedra Unesco de la UNAM; Asociación Ecológica Santo Tomás; Comité de Derechos Humanos de Tabasco (CODEHUTAB); Asociación Sinaloense de Universitarias; Católicas por el Derecho a Decidir; Centro de Derechos Humanos de las Mujeres; Centro de Derechos Humanos “Victoria Diez”; Ciencia Social Alternativa; Colectiva La Tortillería Queretana; Colectivo Bolivariano; Colectivo de Familiares en Búsqueda de Justicia; Colectivo Ellas Crean; Colectivo Mujer y Utopía; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Comisión de Derechos Humanos Mahatma Gandhi; Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM-México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubernamental Mujeres por México en Chihuahua; Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca; Frente Cívico Sinaloense; Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas AC-COLEM; Justicia, Derechos Humano y Género; Justicia para Nuestras Hijas; Justicia Pro-Persona; LesVisibles Yucatán; Mujeres Unidas: Olympia de Gouges; Ni una más-Yucatán; Nuestras Hijas de Regreso a Casa; Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio; Observatorio de Violencia Social y de Género; OCNF Sonora; Porter Abogados; Programa de Género y VIH Dirección del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J; Red de Feministas Peninsulares; Red de Promotoras de Ecatepec; Red Mesa de Mujeres de Juárez; Red Mujer Siglo XXI; Red Nacional Católica de Jóvenes por el Derecho a Decidir; Red Nacional de Periodistas; Red por el Avance Político de las Mujeres Veracruzanas; Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos Edo. de México; Red por Nuestros Derechos Mujeres en Red; Reflexión y Acción Feminista; Salud y Género AC; Servicios de Inclusión Integral AC SEIINAC; Visión Mundial de México.


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