Aprender a navegar en la claridad

René Ramírez Benítez
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La Jornada Maya

Miércoles 27 de julio, 2016

Después de un periodo extraordinario (que los ciudadanos exigimos) se promulgaron las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción. Aunque el proyecto no es el ideal y muchas de las innovaciones jurídicas e institucionales promovidas por la sociedad civil fueron eliminadas, no podemos omitir que existen ciertas cosas que resultan provechosas para dar frente a un fenómeno que consume al Estado mexicano y a sus ciudadanos.

Sin embargo, dentro del paquete de leyes existentes, se encuentra la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción que exhorta a las entidades federativas a crear sistemas locales y les da un lapso de 1 año para crear o modificar leyes que se armonicen con las federales.

Lo anterior presupone que el Congreso local tendrá que analizar y votar una legislación efectiva y acorde a los estándares nacionales en combate a la corrupción. En consecuencia, existen dos problemas: la discordia entre lo aprobado en el legislativo y las necesidades reales de la sociedad. Algo que parece ser una actitud sistemática, los partidos políticos suelen acomodar las iniciativas de acuerdo a sus intereses; por ejemplo, lo sucedido en los intentos de la fracción parlamentaria del Revolucionario Institucional por regular los servicios de transporte que usan las plataformas tecnológicas para su operación, en lugar de crear una regulación que permita una competencia de servicios basado en reglas claras y parejas, se reguló con base en una legislación que claramente favorece a los poderes sindicales preestablecidos fieles al partido en el poder.

El otro problema es la pobreza en los debates del legislativo y de la oposición, que impiden un avance en temas que continúan en la sombra; por ejemplo, el tema de matrimonio igualitario, que a pesar del Ejecutivo federal la clase política de Yucatán ni siquiera ha querido debatir. La discusión se ha quedado en medios de comunicación, polarizando aún más el tema.

Aunque existen liderazgos políticos individuales por parte de la oposición que no han podido convertirse en un frente común; un movimiento colectivo que permita señalar las omisiones e ineptitudes del poder. Un ejemplo de ello es el caso de las “Abuelas de la Plaza Grande”, un grupo de ciudadanas con demandas legítimas para resarcir su patrimonio, perdido por el fraude de Crecicuentas, donde hay indicios de colusión con políticos.

La obligación política y moral de limitar al poder actuando como contrapeso no sucede en nuestro país.

Los ciudadanos tenemos que formar una especie de observatorio legislativo, ya que la mayoría de los municipios están reprobados en sus obligaciones de transparencia, como lo menciona el estudio Analisis de Disponibilidad de Información Pública Obligatoria, en el 2014, realizado por IARAC (Información Accesible y Rendición de Cuentas A.C).

Factores como la transparencia y rendición son imperativos en la lucha contra la corrupción. En lo que respecta a los legisladores, tendrán que incluir a la academia especializada, así como a la sociedad civil organizada para poder construir un sistema local que pueda combatir un problema que consume aceleradamente a Yucatán: la impunidad.

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