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Jesús Hernández Martínez
La Jornada Maya

Miércoles 6 de julio, 2016

Todo parece indicar que la transición en general y la entrega recepción en particular, de la actual a la próxima administración estatal no será tan tersa como se quisiera. La administración estatal en funciones, empezando por el ejecutivo, Roberto Borge Angulo, parece tener miedo y trata de blindarse, y la entrante encabezada por el gobernador electo, Carlos Joaquín González, no ofrece dar un paso atrás en su intención de realizar una auditoría y castigar a los culpables en caso de encontrar irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos.

Las especulaciones de todo tipo están a la orden del día; todos los sectores de una u otra manera se han pronunciado en contra de las recientes reformas que le hizo la XIV Legislatura a la Constitución del Estado, de las que surgieron una Auditoría Superior, autónoma, con más facultades, y que los ex gobernadores, sus familiares cercanos y otros ex funcionarios, cuenten con escoltas pagados por el Estado por 15 años después de abandonar el cargo.

Las noticias sobre el ya conocido como “paquete de la impunidad”, la protesta social, el enfrentamiento entre civiles y agentes policiales en el edificio del Congreso y otros acuerdos legislativos “en lo oscurito” dieron la vuelta al mudo y siguen como tema central de reuniones de políticos y de la población en general. Luego que desde hace varios meses el gobernador, Roberto Borge Angulo, desocupó la Casa de Gobierno de Chetumal y se divorció, ya no es común que acuda a eventos oficiales y, algunos creen que escapará antes de entregar la estafeta a Carlos Joaquín González.

De pasar lo anterior no sería la primera ocasión que la administración la entregue otro funcionario de alto nivel. Acusado de vínculos con el narcotráfico, Mario Villanueva Madrid escapó antes de concluir su gestión y tocó al secretario de Gobierno, Raúl Santana Bastarrachea entregar el gobierno a Joaquín Hendricks Díaz.

Sobre la administración de Borge Angulo pesan varias denuncias y, de entre las más recientes, destaca el posible desvió de unos $5 mil millones del erario como lo denunció el diputado panista electo, Fernando Zelaya Espinosa, y el excesivo gasto en transporte aéreo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, anticipó solicitar a la Auditoría Superior de la Federación, que revisar los gastos, por cerca de $700 millones, que ha hecho en los últimos dos años en renta de aviones el Ejecutivo quintanarroense.

Aparentemente, algunos abogados dicen que no, el actual gobernador “se blindó” con el decretó que en días pasados acordó la XIV Legislatura que, entre otras cosas, nombró a Javier Zetina González, primo del ex gobernador, Félix González Canto, como Auditor Superior del Estado. En teoría Zetina González le daría el visto bueno a la deuda pública del Estado que asciende a más de $22 mil millones y de la que más de la mitad contrató Borge Angulo sin informar en qué se invirtió.

Colaboradores cercanos de Carlos Joaquín González, gobernador electo, han declarado en los últimos días que a todos los recientes acuerdos de la XIV Legislatura puede dársele marcha atrás. El próximo gobierno y la XV Legislatura analizarán “el paquete de la impunidad”, su alcance y la posibilidad de derogarlo.

Aún es prematuro anticipar quiénes integrarán el gabinete de Joaquín González; solo se ha informado que el panista Francisco López Mena, un empresario del norte del estado, es uno de quienes, a nombre del gobernador electo, encabeza el equipo de entrega recepción.


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