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del

Rafael Robles de Benito
Foto: Tomada de azulambientalistas.org
La Jornada Maya

Martes 24 de mayo, 2016

No todos los manglares son iguales. Y no todos los vemos de la misma manera. No es lo mismo Tajamar, visto con los ojos de los residentes ambientalmente conscientes de Cancún, que los vastos manglares de Celestún y Los Petenes de Campeche, vistos con los ojos de los pescadores artesanales de la región. Tampoco se ven igual los manglares desde los satélites; aunque ahora los científicos aprecian la “percepción remota” como una suerte de mirada divina, capaz de brindar verosimilitud por la sola razón de ser distante.

Preocupado por la fragmentación y el deterioro de los manglares nacionales, el gobierno de nuestro país dispuso un arreglo normativo riguroso, destinado a protegerlos. Ahora, si un pescador, o un residente cualquiera de una comunidad costera, corta una mata de mangle para hacerse de un arte de pesca, o para construir su vivienda, se le criminaliza. Se considera que ha cometido un delito federal y, ocasionalmente, se le encarcela.

Pero, por otra parte, si un inversionista decide que en un terreno de su propiedad, hay que deshacerse del manglar para construir, por ejemplo, un hotel, es posible que se encuentre incluso con la asistencia de la fuerza pública, para evitar que militantes ecologistas obstaculicen su obra.

Una muestra más de que – al menos en nuestro país – podemos tener una sola norma para regular el acceso a un recurso natural, pero formas dispares de aplicarla, dependiendo del poder económico o político de cada sujeto interesado. Como dijera Agustín Yáñez en Las Tierras Flacas, es “la Ley de Caifás: al fregado, fregarlo más”.

Cabe preguntarse si en efecto merece la pena intentar proteger los manglares de esta manera. ¿De verdad las especies de mangle se encuentran todas tan amenazadas? ¿No estaremos más bien ante un problema de ordenamiento del uso del suelo en las costas tropicales mexicanas? Si los intereses inmobiliarios y de desarrollo siguen teniendo el peso que tienen actualmente, y si seguimos viendo cómo se debilitan los esfuerzos nacionales por manejar eficazmente las áreas naturales protegidas, ya podremos encarcelar pescadores pobres, multar hasta donde la ley lo permite a inversionistas poderosos, y confrontar a autoridades con grupos civiles conservacionistas, lo cierto es que los manglares seguirán perdiendo terreno.

Conservarlos implica ejecutar políticas robustas de ordenamiento, fortalecer las áreas protegidas de las costas, dotándolas de presupuestos consistentes, personal capacitado e infraestructura para el manejo, restauración y monitoreo, y reconstruir la conectividad perdida en los manglares, modificando la estructura carretera y reforestando los manglares deteriorados. Parece, sin embargo, que este camino ha sido desechado, a cambio del discurso, una magra vigilancia y la criminalización de los usuarios de recursos más marginados y vulnerables. Hace falta reconsiderar.

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Mérida, Yucatán


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