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Eduardo Lliteras Sentíes
Cancún

9 de marzo, 2016

Desde el lejano año de 1997, Tulio Arroyo Marroquín y otros miembros de la asociación civil Ombligo Verde de Quintana Roo, me invitaron para que conociera la lucha por la defensa de un espacio público ubicado en el corazón de Cancún y conocido, precisamente, como el Ombligo Verde.

Un ombligo verde en la selva de concreto que las administraciones municipales, hasta entonces, se habían empeñado en destruir, inercia que únicamente se acentuó con el pasar de los años hasta la fecha, como demuestra la barbarie operada con el apoyo de un operativo policiaco brutal en Tajamar.

La asociación de Tulio y Bettina Cetto ya tenía una larga experiencia de lucha, cuando me acerqué como reportero. Se batía contra la desaparición de la frondosa vegetación en la Súper Manzana 33 y 34, de Cancún, donde la Prelatura Cancún-Chetumal que controla la Legión de Cristo se había empeñado en construir una catedral y para ello tenía que barrer con la vegetación y la fauna que allí habitaban. Su concepto, además, era imponer su credo y su culto, en el municipio de Benito Juárez, en contubernio con las autoridades municipales.

Tras muchos años de lucha con una y otra administración, se logró que el municipio declarara la creación de la primera reserva ecológica municipal llamada “Parque Ecológico Ombligo Verde”, aunque allí sigue instalado el templo de los Legionarios, sin ocupar todo el parque, como ambicionaban en su megalomanía sin freno.

La exitosa lucha legal de Tulio y Bettina, y otros miembros de la asociación, contra el colosal poder de los Legionarios de Cristo en Quintana Roo y la impunidad de la que gozan, gracias al apoyo incondicional de gobiernos municipales y estatales, atrajo a unas vecinas que se enfrentaban también a otra invasión de la inefable organización, en la Región 200.

De nuevo fui invitado por Tulio y por los vecinos de la Región 200 para constatar lo que estaban haciendo los Legionarios. Hablamos de un área pública, de equipamiento urbano, donde un día se aparecieron con un grupo de personas que comenzaron a colocar palos y lonas, en lo que era y es un parque que disfrutaban las familias que viven en sus inmediaciones.

Sin mayor explicación, más que la bendición del obispo local, las lonas y palos se transformaron de un improvisado templo a una construcción de cemento, sin permisos de construcción, en un área pública, insisto.

Las vecinas habían iniciado un largo peregrinaje por dependencias sordas y cómplices. Complicidad que se mantiene hasta hoy, a pesar de que a través de varios recursos y amparos la justicia les ha dado la razón legal: el Ayuntamiento de Benito Juárez jamás otorgó permisos pero permitió la construcción de un templo desde el año 2010.

El templo, llamado de San Pablo Apóstol, edificado en un área pública de forma ilegal, debe ser desalojado, decretó un juez del Juzgado Tercero de Distrito. Esto acaba de suceder hace pocos días, y nos lo notificó Tulio Arroyo, quien señala que la autoridad municipal sigue empecinada en perpetuar un acto ilegal que se ha repetido en Cancún en más de un centenar de lugares distintos, ya que es el modus operandi de la Legión y de la Prelatura: invadir las dotaciones de espacios públicos de las colonias o regiones, para erigir templos en las zonas de equipamiento urbano, las que han hurtado con ganancias exorbitantes, al evitar el gasto en terrenos.

Hablamos de áreas públicas que son imprescriptibles, como dijimos hace años, sentando además un grave precedente, ya que cualquier Iglesia, de las que pululan en el sureste, podría decir “si ellos lo hacen, por qué nosotros no”.

A través del amparo 940-2015, se ordena a la administración municipal que encabeza el alcalde priista Paul Carrillo -quien apoyó el violento operativo policiaco nocturno para arrasar con 57 hectáreas de manglares en Tajamar- que desaloje el templo de los Legionarios. Pero el síndico de Benito Juárez, Guillermo Brahms balbucea que a pesar del mandato judicial que debe cumplir, se trata de hechos consumados. Es decir, dice en pocas palabras que seguirá violando la ley a la que deben sujetarse y someterse él mismo, y el alcalde Paul Carrillo, so pena de incurrir en desacato.

Precisamente con la intención de hacer más difícil el desalojo, en éstas horas del mes de marzo de 2016, los Legionarios de Cristo corrieron a comprar cemento y ladrillos para fortificar aún más su templo, el que han defendido inclusive tildando de diabólicas a las vecinas que exigen que se cumpla la ley y no se invada un área pública utilizando un credo cualquiera.

Esta lucha, que hemos constatado desde prácticamente la fundación de Cancún, es un ejemplo de esa alianza perversa que han construido en el país los Legionarios de Cristo, algunos empresarios y políticos para imponer y dejar en la impunidad todo tipo de actos ilegales, incluidos abusos sexuales.

Cabe preguntarse qué diría al respecto el Papa Francisco, si fuera informado, como esperamos, del proceder de la Prelatura Cancún-Chetumal, la que ha permanecido por demasiado tiempo en manos de dicha organización, a pesar de la supuesta investigación que se realizó a su fundador, el pederasta Marcial Maciel.


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