Triunfo de comunidades indígenas que puede revertirse

Francisco J. Rosado May*
La Jornada Maya

Martes 7 de agosto, 2018

Distintos medios de comunicación, impresos y electrónicos, dieron a conocer en fechas recientes el amparo que recibieron varias organizaciones indígenas que dejan sin efecto el Acuerdo de Sustentabilidad de la Península de Yucatán (ASPY).

Los promoventes demostraron que dicho acuerdo fomentaría proyectos que se implementarían sin que se lleven a cabo las consultas libres, previas e informadas a los pueblos indígenas. El amparo ya había salido semanas antes de que los medios lo dieran a conocer.

El ASPY fue firmado en el marco de la XVI Conferencia de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP16) en Cancún, diciembre de 2016, en medio de reclamos fuertes, de diferentes fuentes, en contra del uso de transgénicos en la península de Yucatán, especialmente por su efecto en la apicultura y los beneficios tangibles e intangibles de esta actividad que los Mayas han llevado a cabo por siglos.

Curiosamente, uno de los temas más discutidos en COP16, especialmente por parte de los representantes indígenas de todo el planeta, fue el reconocimiento por parte de COP para que la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas, antes de cualquier proyecto de desarrollo, debería estar clara y fuerte en la legislación nacional y local.

A nivel internacional organizaciones como la OIT y la ONU, entre otras, incluso privadas, reconocen este derecho para los pueblos originarios. Y no sólo para ellos, sino que también para las comunidades locales.

Gobiernos e inversionistas deben tener claro que no se puede alcanzar la sostenibilidad con decisiones unilaterales o escondiendo información o evitando la participación ciudadana.
Nuestro país ha ratificado acuerdos internacionales, por lo tanto, aun sin hacer los cambios completos en la legislación nacional o local para lograr la armonización normativa, son materia de observación legal y jurídica.

La consulta a los pueblos indígenas, y locales digo yo porque está en el espíritu de los acuerdos, debe llevarse a cabo antes siquiera de tener los avances de la planeación de cualquier proyecto. La consulta debe hacerse respetando usos y costumbres, de forma libre y con la información suficiente para que la decisión sea la mejor posible.

Hay dos estrategias que se pueden llevar a cabo para “dar la vuelta” a la consulta. La primera es la simulación del proceso, con acciones como “comprar conciencias”, manipular el proceso de consulta, no tener a la mano la información en forma oportuna y adecuada, presionar a los actores, chantajear, “jugar” con la pobreza, etcétera. De esto pueden dar cuenta los apicultores de Campeche con ejemplos concretos.

La segunda estrategia consiste en manipular el resultado del censo emitido por INEGI con respecto al porcentaje de población indígena que tiene el país o estado. Si a nivel nacional asumimos, sin dar el dato exacto, que el 25 por ciento de la población en México se considera indígena, los responsables de organizar la consulta podrían argumentar que solamente se debe hacer la misma cuando la población del territorio donde se llevará a cabo el proyecto tenga el 25 por ciento de población indígena. Para muchos de nosotros, que conocemos y estudiamos procesos en comunidades indígenas, este razonamiento es completamente irracional, incongruente y sesgado.

Ahora imaginemos una estrategia que combine los dos escenarios antes mencionados. ¿Resultado? Cualquier cosa menos desarrollo ni mucho menos sostenibilidad.

Gobierno e inversionistas interesados en lograr el desarrollo sostenible deben considerar que hay un concepto de territorialidad fuerte entre las comunidades indígenas que incluye población local, no sólo indígena. Hay un tejido social fuerte que debe entenderse.

Gobierno e inversionistas interesados en lograr el desarrollo sostenible deben considerar que entre los indígenas hay grandes pensadores, si bien pocos, todavía los hay. La resiliencia y la resistencia que los pueblos indígenas han mantenido por siglos demanda reconocimiento. En los pueblos indígenas hay conocimientos que pueden ser benéficos para todos. Pero hay formas, procesos y procedimientos que se deben respetar.

Gobierno e inversionistas interesados en lograr el desarrollo indígena deben considerar que invertir en educación intercultural es lo mejor para todos, que puede redituar a corto plazo beneficios para todos, pero que demanda cero tolerancia a la corrupción, impunidad y simulación. ¿O es a propósito procurar que no haya calidad real en educación para doblegar esa resistencia y resiliencia y evitar el reconocimiento a los pueblos indígenas? De ser así, más vale que nos preparemos para un mundo insostenible, social, económica y ambientalmente.

Pero creo que hay esperanza y que podemos ser racionales.

*Doctor en Biología por la Universidad de California Santa Cruz

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