De 2019 a 2021, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Quintana Roo (Cdheqroo) ha acumulado una decena de quejas en Benito Juárez, Othón P. Blanco, Bacalar y Felipe Carrillo Puerto, por delitos como hostigamiento, abuso sexual e incluso violación, en contra de personal docente y personal administrativo, dentro de los planteles de educación básica.
Bacalar y Othón P. Blanco son los municipios que acumulan más quejas ante la Cdheqroo. De las diez acusaciones, tres se presentaron en Othón P. Blanco y tres más en Bacalar, mientras que dos fueron en Benito Juárez y dos más en Felipe Carrillo Puerto.
En Benito Juárez la primera carpeta por hostigamiento sexual se registra en 2019 y una segunda en 2020 por el mismo delito; mientras que en Othón P. Blanco son de 2019 y 2021 por hostigamiento y abuso sexual; en el caso de Felipe Carrillo Puerto, las quejas incluyen una violación ocurrida en 2020, y en Bacalar, son dos de 2020 por hostigamiento sexual.
De todas las carpetas abiertas, ocho fueron en contra del personal docente y dos, las más recientes, por parte de personal administrativo.
En el caso de Felipe Carrillo Puerto, en abril de 2021 un trabajador del jardín de niños Los Aluxes fue vinculado a proceso penal por los delitos de violación y abuso sexual cometidos contra una niña de tres años. La carpeta de investigación fue iniciada por la Fiscalía General del Estado desde marzo de 2020. El hombre, Adán N., ingresó a los sanitarios para abusar sexualmente de la menor.
En educación superior, hasta el año pasado las autoridades reportaron casi una veintena de procesos en contra de personal adscrito a universidades públicas como la Universidad de Quintana Roo (Uqroo), que es la que encabeza la lista con más casos; también se enumera la Universidad del Caribe y la Universidad Tecnológica de Cancún.
La titular de la Secretaría de Educación en el estado, Ana Isabel Vázquez, ha declarado con respecto a este tema que la postura institucional de la dependencia es que hay cero tolerancia hacia el personal que acose o dañe a niñas, niños, adolescentes o jóvenes.
Como protocolo de atención a estos casos, la Secretaría separa del cargo al docente o trabajador administrativo para evitar el contacto con la supuesta víctima e iniciar un acta administrativa que se turna a la Contraloría del estado y a la Fiscalía General del Estado, para las acciones correspondientes en cada uno de sus ámbitos.
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