“Ante tanta denuncia pública que se ha hecho en muchas universidades, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) no ha intervenido, no es que desconozca que esto está pasando, ha habido suficiente difusión en redes y también en medios de comunicación de toda esta violencia que están viviendo las estudiantes en las universidades institutos de educación superior, preparatorias”, aseveró Amelia Ojeda, representante de la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (UNASSE).
Con ese panorama, cuestionó qué ocurre, pues ya no puede decir que sin una queja no puede actuar, ya que al conocer la situación puede intervenir “porque esto lo que nos muestra es un patrón sistemático de violación a los derechos humanos en las estudiantes”.
Para este momento, apuntó, la Codhey ya debería estar haciendo una investigación, haber emitido una recomendación o un mecanismo o mesa de trabajo para que estas violaciones a derechos humanos sean erradicadas.
“Sobre todo cuando pensamos en que hay mujeres que son menores de edad y precisamente en esos casos las universidades deben tener una atención especial basándose en el interés superior de la niñez”; por ello, hizo un llamado a la dependencia que debería velar por los derechos humanos a posicionarse sobre el tema.
Destacó que las universidades, al tener conocimiento de abusos y cualquier violencia de género dentro de la institución o como parte de cualquier cosa que las involucre, “tienen que hacer algo sin necesidad de que alguien se los pida, es su obligación”.
Pero no solamente con acciones cuando ya ocurrieron los hechos, sino trabajar de forma constante la prevención con todo el personal, no solamente para el estudiantado, para hablarles de temas de género, en particular sobre violencia sexual, acoso y lo que estas conductas representan, en pleno reconocimiento de que representan un delito y las instituciones no las tolerarán; para esto, deben contemplar también un documento que hable sobre la prevención en las escuelas.
El Código Ético de la universidad y la no tolerancia a estos delitos, deben ir de la mano, afirmó; “el mensaje tiene que ser contundente para prevenir estas conductas”, aunque lamentó que esto no podrá erradicarse al 100 por ciento desde el principio, por lo cual deben contar con un protocolo de actuación.
“Deben tener una ruta, un proceso para atender y debe estar centrado en la víctima” y, aunque existe la presunción de inocencia, las instituciones deben centrarse en lo que denuncia la afectada y en su protección y la de las personas que la apoyan, puntualizó.
La confidencialidad de las escuelas, dijo, no implica que la persona afectada no pueda hacer público su caso, incluso si ya hay un procedimiento institucional, en especial cuando no ven avances, pues pueden acudir a otras instancias, “se pueden llevar de forma paralela varios procedimientos y en cada uno habrá una investigación y, en todo caso, una sanción”.
La atención de la escuela también podrá contribuir con el proceso penal, en caso de que la víctima así lo decida; “al final, la conclusión debe mandar un mensaje que debe tener una reparación integral donde haya medidas de no repetición”.
Al momento, expuso que desconoce si todas las universidades cuentan con un protocolo para proceder en estos casos y, sin embargo, el de la propia máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), “no es para nada idóneo, al contrario, en su propia redacción es violatorio de derechos humanos”.
Actualmente ese protocolo está siendo modificado en conjunto con UADY Sin Acoso y Centro por la Justicia, Democracia e Igualdad (Cejudi) con asesoría de UNASSE para que sea funcional y garanticen los derechos humanos de quienes acuden a hacer sus denuncias ante la universidad.
“No tienen que inventar el hilo negro, hay lineamientos nacionales e internacionales para estos casos, hay protocolos en otros centros de estudios que podrían revisar y ver de qué manera pueden tener un documento que garantice los derechos de las víctimas”.
Una de las problemáticas actuales, expuso, es no querer dar a conocer los casos por cubrir un “prestigio”, así como la falta de soluciones del propio sindicato para erradicar las conductas de violencia en los estudios superiores.
“No hay que tener miedo a la investigación, la investigación es para saber qué pasó, qué está pasando y tener herramientas para que no vuelva a suceder”.
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