La Ley de Responsabilidad Ambiental de Quintana Roo obliga a las instituciones a generar una responsabilidad civil por los daños ocasionados por actividades o acciones que tengan una afectación directamente con la biodiversidad del estado y el gran reto es su implementación, opinó Wady Hadad López, secretario técnico de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente.
Wady Hadad participó en el Primer Foro de Justicia Ambiental, realizado el fin de semana en la Universidad del Caribe; lo hizo desde el punto de vista institucional, presentando los alcances de esta ley y qué importancia tiene para alcanzar sus objetivos, permitiendo además una sinergia mucho más cerca de trabajo social, para cuidar el medio ambiente aunado.
“El reto es la implementación es precisamente eso y yo creo que era uno de los escenarios que teníamos anteriormente con la ley estatal, la Ley de Responsabilidad Ambiental precisamente es tendiente a eso, a poder de establecer los mecanismos procesales necesarios para que las medidas de compensación se lleven a cabo de manera mucho más efectiva”, confió.
Lo que se busca ahora es que para la reparación sean realmente innovadores, sobre todo porque pudiera trabajarse en esquemas de fortalecimiento de las áreas protegidas del estado, pero además que se tenga una vigilancia mayor y efectiva, para lo cual es indispensable una participación más activa de la sociedad. Lo que se pretende es trabajar de la mano, y para ello se requiere difundir más los detalles de esta ley, para que exista un conocimiento real.
“Lo destacable de esta ley es que institucionalmente nos obliga a la reparación civil de los daños, es decir, no es que no se contemplara anteriormente, estaba dentro de la ley estatal del equilibrio ecológico y el tema en el capítulo de sanciones; sin embargo, esta ley tiende a fortalecer esa responsabilidad, a establecer ciertos mecanismos procesales, pero sobre todo coadyuva mucho en la participación social de la sociedad en temas de responsabilidad”, acotó.
Aunado a ello, uno de los aparatos más importantes que está trabajando la Procuraduría es este esquema de autoridad, la autorregulación a través de las auditorías ambientales, donde lo que se busca precisamente es tener mejores prácticas en pro de la conservación del medio ambiente.
“Y si bien no somos punto de lanza, sí toma relevancia la fortaleza que va a tomar este instrumento para el estado, ya que estamos en vísperas de poder firmar un convenio con la federación que le dé mucha más fortaleza y sustento”, concluyó.
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