Royal Beach Cozumel no restringirá el acceso público a la playa, de acuerdo con su MIA

El documento no propone ninguna obra, barrera o mecanismo que limite el paso a la franja costera
Foto: Captura de pantalla

El proyecto Royal Beach Cozumel, que se construirá en la isla, ha generado diversos comentarios en redes sociales, principalmente la duda sobre si se privatizaría el acceso a la playa; sin embargo, una revisión directa del extracto de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) descarta esa hipótesis.

El documento presentado ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) describe un complejo situado en un club privado de playa ya existente y en una porción de Zona Federal Marítimo-Terrestre (Zofemat), sin proponer ninguna obra, barrera o mecanismo que limite el paso a la franja costera.

La MIA establece que el proyecto se sitúa en un área previamente impactada y que, dentro de la Zofemat, solo se contemplan instalaciones no permanentes como camastros y palapas. Esto confirma que la zona federal mantiene su carácter público. Incluso la mención a “accesos directos a la playa” corresponde únicamente a circulaciones internas del club, no a controles de entrada ni a estructuras restrictivas que afecten el libre tránsito garantizado por la ley.

El análisis del documento también revela un elemento crucial: no se tiene previsto instalar ninguna barrera física ni tomar medidas para impedir el acceso público a la playa.

A lo largo de la MIA no aparece ninguna medida que busque bloquear, limitar o condicionar el acceso a la franja costera. Por el contrario, se enfatiza el cumplimiento de los instrumentos de ordenamiento ecológico y urbano vigentes, los cuales obligan a garantizar el uso común de la Zofemat y la compatibilidad del proyecto con el derecho de cualquier persona a utilizar la playa.

Las versiones publicadas en redes sociales pierden sustento frente a la información oficial: el proyecto Royal Beach Cozumel no restringirá el acceso a la playa. La MIA confirma que el proyecto respeta el marco ambiental y normativo, mantiene íntegro el carácter público de la zona costera y no propone acción alguna que limite el libre tránsito que pertenece a la ciudadanía.




Edición: Estefanía Cardeña


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