Docentes de tiempo completo denunciaron a autoridades educativas ante la Secretaría de la Contraloría (Secoes) y la Fiscalía Anticorrupción por “despido injustificado”. Autodenominados Comité de Lucha de Escuelas de Tiempo Completo, los docentes reclaman el recurso federal a las autoridades locales y el despido de personal adscrito a este sistema.
Herbert Ic Rodríguez, representante del Comité de Lucha de Escuelas de Tiempo Completo, indicó que acusan a los Servicios Educativos de Quintana Roo (SEQ) de despido de personal como los asesores de inglés, arte y música, pese a que los recursos federales estaban etiquetados. Independiente de esto, los asesores también iniciaron acciones legales para que la SEQ precise el motivo de su despido.
Precisó que acordaron básicamente seis puntos: el primero de ellos es el reclamo de pagos por concepto de tiempo completo desde el 15 de octubre al 30 de diciembre de 2020, pues tenían un contrato firmado vigente desde el 23 de agosto, cuando se dio inicio al ciclo escolar. Explicó que mensualmente cada maestro obtenía 7 mil 500, por lo que se estima un adeudo hasta el 30 de diciembre pasado de unos 20 mil pesos.
“En el contrato vienen cláusulas y compromisos para recibir el pago, nosotros trabajamos más del tiempo, es lo que las autoridades no saben y no toman en cuenta”, dijo. Los docentes buscan conocer en qué gastaron los recursos las autoridades locales, en el entendido de que el recurso llegó al estado, aunque la titular de la SEQ, Ana Isabel Vásquez Jiménez, ha asegurado que el dinero dejó de llegar desde mediados de 2020 y que el gobierno del estado hizo un esfuerzo para pagar hasta octubre.
“Si no hay presupuesto ¿por qué ellos nos pidieron cumplir con un contrato de tiempo completo? Que casualidad que después de los fideicomisos pasa esto en los estados que son contrarios políticamente al gobierno federal. No nos avisaron, qué casualidad que a los directores de escuelas con servicios de alimentos les han pedido apenas que deben comprobar ciertas cosas”, insistió.
Reclaman que, pese al argumento de la SEQ, ellos no tienen conocimiento de algún documento que haya hecho llegar la Secretaría de Educación Pública (SEP) sobre la cancelación del programa, por lo que explican la necesidad de que la Secretaría de la Contraloría aclare el destino de esos recursos.
Edición: Laura Espejo
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