Carlos Águila Arreola
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Cancún, Quintana Roo
Lunes de agosto, 2017

El 39 por ciento de los bosques y 60 por ciento de las selvas están en regiones indígenas, lo mismo que en Áreas Naturales Protegidas (ANP), cuya población contribuye a la generación y conservación de la biodiversidad, mediante su uso sostenible y donde habitan cinco millones de personas de alguna etnia.

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora el 9 de agosto, el ejido Caobas –en el municipio de Othón P. Blanco, dentro del corredor biológico Calakmul-Sian Ka'an y con 25 mil hectáreas de superficie forestal aprovechable– es un ejemplo loable de empoderamiento autóctono.

[b]Utilidades a obra social[/b]

Al respecto, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) destaca a esa empresa comunitaria “por su arraigo a la tierra y aprovechamiento de recursos naturales, que en general destina en promedio 30 por ciento de sus utilidades a obra social: construcción de escuelas, caminos, clínicas, tiendas de abastos”, entre otras.

Las comunidades locales y los pueblos originarios son fundamentales para la conservación de la riqueza cultural y natural del país y, de acuerdo con la Comisión Nacional Forestal (Conafor), más del 41 por ciento de esa comunidad vive y depende de los bosques para satisfacer necesidades de alimentación y generación de ingresos.

Sin embargo, muchas comunidades viven en condiciones de pobreza y marginación, a pesar de la gran riqueza natural que poseen, debido a elementos que obstaculizan su desarrollo y a la falta de opciones para potenciar sus capacidades productivas.

[b]Pobreza y marginación[/b]

En tanto, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) señala que muchas de las comunidades originarias, legítimas poseedoras de los bosques y selvas del país, viven en pobreza y marginación por elementos que obstaculizan su desarrollo, y por la falta de opciones para potenciar sus capacidades productivas.

Hay otros ejemplos loables de empoderamiento de comunidades forestales, como los ejidos Amanalco, en el Estado de México; Ixtlán de Juárez y San Pedro el Alto, en Oaxaca y San Juan Nuevo, en Michoacán.

En México operan más de 900 comunidades forestales en 13 estados. De hecho, 90 por ciento de la producción forestal nacional proviene de bosques manejados por comunidades y ejidos.

A diferencia de las empresas privadas, las forestales comunitarias tienen como principal objetivo mejorar las condiciones de vida y generar empleos para los miembros de la comunidad, así como mantener las funciones ecológicas de sus bosques.

Esas empresas han avanzado significativamente y mejorado sus prácticas silvícolas, de tal manera que el Forest Stewardship Council (FSC), la más importante entidad certificadora internacional, ha certificado el buen manejo de más de 900 mil hectáreas de bosques comunitarios del país.

Adicional a esa cifra, cerca de cinco millones de hectáreas de esos ecosistemas están bajo diversos esquemas de manejo forestal, administrados por comunidades campesinas e indígenas, de acuerdo con el Programa Estratégico Forestal 2025 de México.

[b]Debilitamiento de iniciativas[/b]

Esos modelos de producción sustentable han enfrentado en años recientes serios problemas y trabas que obstaculizan el pleno derecho a manejar sus territorios.

Los complicados y caros procesos de tramitación de permisos forestales, la excesiva carga fiscal y regulatoria, la persecución de autoridades de inspección y vigilancia, junto con una orientación equivocada de los programas de subsidio, son causantes del debilitamiento de diversas iniciativas vinculadas al aprovechamiento de los bosques.


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