Con una puntuación de 0.36 en una escala de 0 a 1, Quintana Roo permanece en los últimos lugares dentro del Índice de Estado de Derecho en México que reporta la organización internacional World Justice Project (WJP).
En la edición 2021-2022, WPJ reporta que la entidad sólo se encuentra por encima de Morelos, que obtuvo 0.35 y de Guerrero, con 0.34.
Esta puntuación es obtenida a partir del análisis de ocho factores relacionados con el Estado de Derecho: límites al poder gubernamental, la ausencia de corrupción, el gobierno abierto, los derechos fundamentales, orden y seguridad; cumplimiento regulatorio; justicia civil y justicia penal.
En el caso de Quintana Roo el área peor evaluada fue la Orden y seguridad, pues hay alta incidencia de homicidios y crimen, además de que las personas no se sienten seguras.
El factor mejor evaluado, con 0.52 puntos, fue el de Gobierno abierto, pues entrevistados y especialistas aprobaron el derecho a la información pública y la participación ciudadana.
Otra de las áreas que obtuvo las puntuaciones más bajas fue la Justicia penal porque los resultados descalifican la procuración e impartición de justicia, así como el respeto al debido procedo legal. También estuvo mal evaluado el sistema penitenciario y el respeto a los derechos de las víctimas.
A nivel nacional, World Justice Project reportó que ninguna de las 32 entidades obtuvo calificación aprobatoria, situación que deja en evidencia el estancamiento en materia de Estado de Derecho.
“Los 32 estados siguen por debajo de la mitad de la calificación idónea, y todos tienen aún desafíos para alcanzar un Estado de Derecho sólido”, destacó Alejandro González, director de proyectos de Estado de Derecho del WJP.
En contraste, los estados mejor evaluados son Querétaro, con 0.49 puntos; Yucatán, con 0.47 y Guanajuato, con 0.46.
Campeche, el estado restante de la península de Yucatán consiguió el lugar número 11 con una calificación total de 0.43.
WJP considera que estas evaluaciones son resultado de que los límites al poder gubernamental en los estados siguen perdiendo fuerza y permanece el debilitamiento de los poderes legislativo y judicial a nivel local.
“Esta tendencia al retroceso es preocupante, ya que los contrapesos, o límites al ejercicio del poder gubernamental, previenen el abuso del poder y aplican sanciones a nuestros gobernantes cuando quebrantan la ley. También, fomentan la rendición de cuentas”, declaró Alejando Ponce, director global de Investigación del WJP.
La organización de la sociedad civil obtiene estos resultados de diversas entrevistas que plasman las perspectivas de miles de personas así como de especialistas en justicia civil, justicia penal, justicia laboral y salud pública.
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