El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del Caribe, Eduardo Martínez González, aseguró que la ley de alcohol que castigaría con cárcel a quien maneje alcoholizado se regresará a revisión para evitar ese nivel de criminalización.
“Nos preocupaba la ley aquella -que por el momento está detenida- de si detuvieran a alguien con aliento alcohólico que se pudieran ir a prisión desde tres a cinco años, esa por el momento no está publicada y no se va a publicar… hasta donde dijo Renán (Sánchez, diputado local y presidente de la Jugocopo), no está, ni se va a publicar y es un consenso con la gobernadora misma, de no publicarla así”, compartió.
La ley, aseveró el líder empresarial, tiene un buen fondo porque quieren por supuesto que la gente que toma no maneje, pero sin criminalizar a ese grado, por lo que se van a abrir mesas de trabajo sobre esa iniciativa, para ponerle candados, mejorarla y entonces que ya una iniciativa donde participe la iniciativa privada pueda publicarse.
“Se va a regresar a comisiones y en mesa de trabajo para complementarla con unos cuantos candados que tenga esa misma ley, puede corregirse la mal interpretación o mala ejecución… definitivamente no puede irse a la cárcel una persona; regresaríamos a temas de sanciones administrativas, como es El Torito…. hay que forzar en la conciencia de la gente, el no manejar en estado de ebriedad, pero no hay que poner en peligro la libertad de una persona o que por errores en el sistema o corrupción misma pudiera algún inocente por algo que no lo puedes considerar como un crimen llevarlo a perder su libertad”, manifestó.
En otro tema, sobre la iniciativa recién presentada por el diputado Hugo Alday, que exige a los hoteles y a los restaurantes hacer un pago a la Asociación de Autores para poder tener su licencia de funcionamiento estatal, Martínez González indicó que es una iniciativa que no está ni siquiera aprobada y que muchos hoteleros y restauranteros del destino ya tienen sus convenios por derechos de autor con la asociación.
“Pero no puede ser que sea una condicionante para una licencia de funcionamiento estatal, pues sí queremos que los negocios funcionen, que paguen sus impuestos, pero no algo que no tiene que ver con su operación”, puntualizó el presidente del CCE del Caribe.
Edición: Emilio Gómez
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