Alrededor de las 15 horas de este jueves 30 de mayo concluyó el bloqueo del colectivo Madres Buscadoras de Quintana Roo en la zona hotelera de Cancún, tras más de un día de cerrar la circulación a la altura de Puerto Cancún y luego de llegar a acuerdos con las autoridades municipales.
“Platicamos en la mañana (con el presidente municipal interino) y me ofreció unos planes de trabajo, lo platiqué con las mamás, aceptaron y como le dije, si ustedes cumplen, nosotras igual… A partir del plantón que iniciamos la semana pasada en la avenida Nichupté vimos el radical cambios en el apoyo por parte de las autoridades… muchas gracias a la ciudadanía por el apoyo”, declaró María Patrón Pat, representante de Madres Buscadoras, acompañada por el secretario general del ayuntamiento Benito Juárez, Antonio Riveroll y el encargado de despacho, Pablo Gutiérrez.
Desde el ayuntamiento se informó que en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la atención del Poder Judicial se atendieron las solicitudes planteadas, concretándose una mesa de diálogo para mantener la comunicación. Elementos de Tránsito y Bomberos ayudaron a mover los conos y cercas naranjas para liberar la vialidad en el bulevar Kukulcán.
Anuncio de víctimas del 9N
Allí mismo, como ya se había agendado desde la mañana del jueves, integrantes del Comité de Víctimas del 9N, quienes planeaban sumarse al plantón, dieron a conocer que tras haber ganado un amparo federal, las autoridades involucradas en la agresión policial ocurrida el 9 de noviembre de 2020 en la plaza de la Reforma de Benito Juárez tendrán que comparecer el próximo 5 de junio en el Congreso del estado.
Wendy Galarza, representante del comité, explicó que el amparo federal fue por el incumplimiento por parte de Ayuntamiento de Benito Juárez de la recomendación que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo emitió por las violaciones a derechos que se cometieron el 9N, generándose consecuencias legales y políticas para las víctimas y para las autoridades involucradas: el poder Legislativo, el ayuntamiento y la Comisión de Derechos Humanos.
“Les voy a compartir cuáles son los efectos de la sentencia de este amparo que ganamos. Hay tres instituciones, personajes dentro de las autoridades, que tienen que cumplir con esta resolución y el primero es el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, quien tiene que dejar inconsistente la aprobación del acuerdo del día 9 de diciembre de 2021, el cual es emitido por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura del Estado”, enlistó.
Además, se pide a la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura del Congreso que también deje sin sustento el acuerdo del 9 de diciembre del 2021, por la cual se tuvo por atendida la recomendación, y escucharán a las autoridades del ayuntamiento Benito Juárez que aprobaron dicha recomendación.
Edición: Estefanía Cardeña
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