La cohabitación forzada o matrimonio infantil son situaciones que se siguen dando en Quintana Roo, pero que ahora se van a sancionar e incluso denunciar desde el registro civil, adelantó Mónica Franco Muñoz, encargada de sistematización de información y coordinadora de incidencia legislativa en Gobernanza Mx.
La semana pasada se aprobó en el Congreso de Quintana Roo la reforma que busca sancionar la cohabitación forzada, un delito que se castiga hasta con 15 años de cárcel a quien obligue o como lo dice el mismo nombre, pueda forzar a una menor de edad a vivir en una relación formal o informal de convivencia similar a la de un matrimonio, aunque sea por voluntad.
“Casi siempre es contra su voluntad, porque es cambiada por algún bien para la familia, ‘llévatela porque nosotros estamos en pobreza a lo mejor tú nos puedes ayudar económicamente’ o porque es la situación comunitaria normalizada o porque hay crimen organizado involucrado, entonces hay algún sujeto, un criminal, y se quiere llevar la niña; es una manera de combatir el matrimonio infantil en Quintana Roo, ya lo tienen otros estados en el país, siete estados tienen esta figura, también lo tiene el Código Penal Federal, faltaba Quintana Roo”, compartió.
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La cohabitación forzada es una figura sombrilla del matrimonio infantil, porque ahí queda involucrada. Se detectó la incidencia gracias a los reportes de las oficinas de Registro Civil, que comunicaban que llegaban niñas a registrar a sus hijos y entonces ahí se daban cuenta que la jovencita vivía en pareja con alguien adulto.
De acuerdo con las activistas, hasta hace unos años el Inegi no contaba en sus censos si se trataba de un matrimonio infantil y había un subregistro. Pero desde hace tres años se empezaron a buscar uniones informales y ahí entra el matrimonio infantil o matrimonio con adolescentes o a temprana edad, entonces eso llevó a tener en cuenta este delito, que ya se estaba dimensionando en otros estados, pero no se le daba este nombre como tal.
Se habla de que es forzado porque hay una coacción social, económica, aunque se vea como voluntad, a veces es porque la niña sale de su hogar porque es violentada, pero termina en otro círculo igual. En cifras oficiales parece bajo, pero cuando están registrando al bebé es cuando reconocen esta unión y son adolescentes entre 12 y 17 años y ahora desde el Registro Civil o los hospitales es algo que se podrá denunciar.
“Nos va a dar un tip de cómo llegar a cifras oficiales, conocer el fenómeno con un mayor rigor de investigación, porque ya van a ser oficiales estas cifras de denuncias; ahora bien, hay que crear los mecanismos para que estas niñas denuncien, porque están en la situación de no empoderamiento, de que no reconocen que están en una situación de sometimiento”, enfatizó.
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