La reciente resolución de una juez de control en el caso de José Luis Pech Galera, exrector de la Universidad Politécnica de Quintana Roo, investigado por su participación en el caso conocido como la Estafa Maestra, deja un mal precedente en el castigo de temas de corrupción, lamentó Eduardo Galaviz Ibarra, representante del Observatorio Legislativo del estado. Y es que aunque el exfuncionario se declaró culpable del desvío de 20 millones de pesos, por lo que fue condenado a ocho meses y 29 días de prisión, no tendrá que resarcir el recurso económico por ahora, ni pisar la cárcel, ya que la pena es conmutable por trabajo comunitario.
El fin de semana se dio a conocer que José Luis Pech Galera, hijo del diputado local por Movimiento Ciudadano, José Luis Pech Várguez, se declaró culpable de formar parte de la llamada Estafa Maestra, título dado a una investigación periodística que dejó al descubierto una red de corrupción a nivel federal durante el gobierno de Enrique Peña Nieto que involucró el desvió más de 400 millones de dólares a través de una red de 11 dependencias del Estado mexicano, ocho universidades públicas, diversas empresas privadas y más de 50 servidores públicos de distintos niveles de gobierno.
Pech Galera fue rector de la Universidad Politécnica de Quintana Roo entre los años 2014 y 2016, tiempo en el que se cometió el desvío mediante un convenio con la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) a nivel federal. Presuntamente la universidad subcontrató servicios con ocho empresas y una de estas era propiedad del mismo Pech Galera. Sin embargo, se determinó que por ahora no tendrá que reparar el daño por los 20 millones de pesos, porque eso debe de fijarlo un juez de ejecución de sentencia, aunado a que todavía hay otros dos procesados sin sentencia; también se habla de que el fallo fue acordado: la declaratoria de culpabilidad a cambio de la pena mínima.
“La resolución no compensa lo que es el tema de afectación a lo que sucedió, considerando los montos de los que se ha hablado y no solamente lo que se refiere a él (Pech Galera), sino también hay otras empresas y personas que estuvieron involucradas y que no se hace mención”, lamentó el representante del Observatorio Legislativo.
Ante esto, dijo Galaviz Ibarra, es necesario tener la información de qué va a suceder con el resto de las personas y empresas que estuvieron involucradas y cómo se van a resarcir todos esos montos, “porque no puede ser que nada más con unos cuantos meses o periodos de suspensión o incluso de cárcel sea suficiente”.
Es un tema, relató, que lleva muchos años (desde 2015), que tuvo una repercusión nacional y aquí en el estado de Quintana Roo siempre quedaron muchos pendientes, como que se diera la información de qué había sucedido realmente y finalmente ahora llega una resolución judicial. Es sumamente importante, insistió, saber si efectivamente va a haber una lucha frontal a todo este sistema de corrupción, porque además se deja un mal precedente de que alguien puede estafar, disfrutar de millones de pesos y el castigo serán unos meses de cárcel sin necesidad de que se repare el daño.
“Es un riesgo que puedo correr; si ese va a ser el resultado, pues me aviento a hacerlo, ¿no? Entonces eso es algo que definitivamente no ayuda a decir que se está realmente superando la corrupción de nuestro país”, expuso. Como Observatorio Legislativo, afirmó, revisarán qué se está haciendo en el resto de las investigaciones de este caso relacionadas con el estado de Quintana Roo, porque también hubo recursos que se desviaron en ese proceso desde el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS) y habrá que ver cómo queda esa situación.
