“Si el veto parental llegara a aprobarse sería un retroceso brutal a todo lo ganado que hemos tenido en muchos años de lucha, de visibilizar los derechos de niñas, niños y adolescentes”, consideró Norma Salazar Rivera, titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en Quintana Roo (Sipinna). Precisó que esta propuesta viola derechos y principios internacionales basados en el interés superior de la niñez que consideran a las y los menores, personas sujetas de derechos.

La funcionaria afirmó que es un tema que habría que revisar, pero que desde la Sipinna se pronuncian en rechazo del pin parental, al considerarlo una medida prohibitiva de acceso a la información y violatoria a los derechos de las niñas, niños y adolescentes y que va en contra de la construcción de una sociedad más equitativa y responsable, así como de una educación de perspectiva de género. 

La propuesta del diputado panista Eduardo Martínez Arcila plantea la incorporación del pin parental en la Ley de Educación del Estado, de modo que se requerirá el consentimiento de los padres y madres de familia para que asistan a clases los educandos “de conformidad con sus convicciones” en rubros de moralidad, sexualidad y valores.

“Es una figura que estaría contraviniendo tanto documentos nacionales como internacionales, hablamos de que los avances que hemos tenido constitucionalmente se pudieran venir abajo porque el interés superior del niño ya está incorporado en el artículo cuarto de la Constitución y en el artículo tercero, que habla de una educación laica, evidentemente sería un retroceso brutal”, dijo Salazar Rivera. 

Indicó que esta propuesta viola derechos y principios internacionales como es el interés superior de la niñez, que les considera personas sujetas de derechos, por lo que llamó a diputadas y diputados a tomar la opinión de niñas, niños y adolescentes al respecto.

Además, dijo, se viola el principio de progresividad y no regresión de los derechos y al derecho a la educación, participación y permanencia de los servicios educativos, a la libertad de expresión y a varios aspectos que se han ganado a lo largo de los años.

“Sería muy lamentable que con este tipo de decisiones nos regresáramos; también se viola el derecho a la igualdad sustantiva y no discriminación, el derecho a la información y a la salud sexual y reproductiva, además de una educación laica, y en el caso de niñas a una vida libre de violencia”, acotó.

Edición: Ana Ordaz