PIN parental, un retroceso para la educación sexual integral: CIAM

Gráfico: CIAM Cancún

El Centro Integral de Atención a las Mujeres Cancún A.C. (CIAM) consideró que de aprobarse el PIN parental incrementarán problemas personales, sociales, económicos, políticos y educativos de las infancias y juventudes de Quintana Roo, pues estas requieren de espacios sanos y seguros para tomar decisiones, hacer suyo el conocimiento sobre los derechos humanos, empoderarse y participar en los cambios estructurales de su educación sexual. 

En conferencia de prensa, Irma González y Naivi Cruz, directivas del CIAM Cancún, hablaron sobre la propuesta de modificación a la Ley de Educación estatal presentada por el diputado panista Eduardo Martínez Arcila en relación al denominado PIN parental. 

Consideraron que la educación sexual integral es un derecho que se integra en la ley vigente, que en el artículo 12 señala que uno de los fines de la educación es desarrollar actitudes solidarias en los individuos y crear conciencia sobre la preservación de la salud, el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y el respeto absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios, fomentando el conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias. 

Opinaron que de aprobarse la propuesta, que a la letra dice: “la autoridad educativa estatal dará a conocer de manera previa a su impartición, los programas, cursos, talleres y actividades análogas en rubros de moralidad, sexualidad y valores a los padres de familia, a fin de que determinen su consentimiento con la asistencia de los educandos a los mismos, de conformidad con sus convicciones”, representaría un retroceso. 

En un análisis sobre el contexto de la infancia y juventud, el CIAM Cancún concluye que de aplicarse este artículo “las infancias y juventudes que crecen sin información de la educación sexual integral carecen de herramientas para defenderse de las situaciones de abuso y violencia”. 

Además, ello negaría el derecho a que las infancias puedan tomar decisiones autónomas, informadas, responsables y saludables sobre su vida; mientras que el involucramiento de familias en la educación de hijas e hijos es una responsabilidad implícita, por lo que “su participación no tendría porqué contraponerse a los derechos a la educación y al interés superior de la niñez, sino fortalecerlos”.

Privilegiando una capacitación continua en docentes sobre estos temas, consideraron que la carencia de herramientas socioemocionales y de información de docentes y familias en la educación de las infancias y juventudes “generará dificultades para crear espacios de confianza y abordar la sexualidad desde una mirada libre de discriminación y respetuosa de los derechos”.

Acotaron que a la educación sexual integral es necesario mirarla con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y de juventudes, porque el centro de análisis deben ser las niñas, niños, adolescentes y jóvenes como titulares de derechos. 

“No es suficiente el acceso a la información, como titulares de derecho su participación directa permitirá que el diseño de las políticas públicas y estrategias escolares tomen como fuente principal y directa las necesidades definidas por las propias juventudes”, señalaron. 

Por ello, solicitaron a las autoridades educativas y al Congreso de Quintana Roo tomar en cuenta las voces de las infancias y juventudes al modificar leyes de educación que impactarán en su futuro.

Edición: Elsa Torres