Denuncian maltrato a trabajador con discapacidad auditiva

Oscar Rodríguez
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Valladolid, Yucatán
Lunes 5 de febrero, 2018

Un caso de violencia al interior el Centro de Bachillerato Técnico Agropecuario (CBTA) 87 en contra de un trabajador con discapacidad auditiva, perpetrado por cinco de sus compañeros de trabajo, dejó al desnudo la lentitud y versiones oficiales falsas o inexactas por parte de las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Comisión de los Derechos Humanos de Yucatán (Codhey).

La mañana del 18 de enero de 2017, Arturo Escalante Arroyo, trabajador del CBTA 87, ubicado en el municipio de Valladolid, fue presuntamente atacado por Carlos Arturo López Céspedes, Jaime Melchor Rejón Rodríguez, Gonzalo Albino Cervera Mendoza, José Enrique Briceño Alcocer, Mario Alberto Alcalá Tinah y Manuel de Atocha Rodríguez Pérez, según denunció Olga Escalante Arroyo, hermana de la víctima.

Recordó que su hermano, quien además de padecer la discapacidad auditiva también presenta cierto grado de retraso mental, les reveló que fue atado del cuello con una cadena mientras era golpeado y videograbado con un celular.

Con un documento que prueba su dicho, precisó que tras ser enterada de manera anónima sobre el maltrato de su hermano, acudió ante Vinicio Díaz Aguilar, encargado del plantel, a quien le hizo patente su queja.

Relató que posteriormente acudió a denunciar los hechos ante la FGE, asesorada por las abogadas María Elena Aguilar Pineda y Alma Beatriz Nahuat Cauich, como consta en un documento en poder de [i]La Jornada Maya[/i] fechado el 20 de enero del año pasado.

Olga Escalante narró que tras interponer la denuncia ante la autoridad ministerial se abrió la carpeta 119/13A/2017, por lo que se abocó a presentar una queja ante la Codhey y a dar parte a las autoridades de la Secretaria General de Educación (Segey) sobre lo ocurrido con su hermano.

Indicó que a la fecha nada ha ocurrido, incluso los agresores de Arturo continúan laborando en el mismo espacio que él, donde lo intimidan todos los días. La FGE no ha consignado el expediente ante un juez, y de la queja ante el ómbudsman estatal nada ha sabido.

Finalmente, detalló que hace apenas unos días fue citada para una reunión extrajudicial por los abogados de los trabajadores del CBTA 97, para lograr algún acuerdo; sin embargo, les manifestó que irá hasta las últimas consecuencias.

[b]Versiones tardías[/b]

El caso de Arturo Escalante llegó a la redacción de [i]La Jornada Maya[/i] desde hace más de una semana, motivo por el cual se buscó la versión de la FGE y de la Codhey mediante los canales institucionales que tienen para tal efecto.

Cinco días después de la solicitud, la vocería de la Codhey precisó a este matutino que al tratarse de un problema “entre particulares”, ese organismo no puede atender el caso, toda vez que no es de su competencia; empero, la titular de esa área, Guadalupe Sosa Escobedo, aceptó que la institución podría intervenir ante la dilación de la justicia por parte de la FGE.

Por su parte, Baruch Velázquez, director de Comunicación Social de la FGE, dio a conocer la versión de esta dependencia seis días después de ser solicitada, argumentando que la familia interpuso la denuncia mes y medio después de ocurridos los hechos, lo cual contradice el documento presentado por Olga Escalante que, reiteramos, indica que la denuncia se efectuó dos días después.

Así, Arturo espera que llegue la justicia, trabajando como intendente en un centro laboral, sin importar su condición de persona con discapacidad, pero con el terror de ser atacado de nuevo por sus compañeros, que cuando pueden le recuerdan aquella mañana del 18 de enero del año pasado.