Lilia Balam
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Sábado 7 de septiembre, 2019

Ayer las asociaciones México Igualitario y la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el crecimiento personal (UNASSE), promovieron un amparo para que el presidente Andrés Manuel López Obrador responda a la solicitud para demandar al Congreso del Estado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por haber rechazado la reforma para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo en Yucatán.

El pasado mes de mayo las agrupaciones mencionadas solicitaron al Primer Mandatario que promoviera ante la SCJN una controversia constitucional en contra del Legislativo estatal por haber votado en contra de las reformas para permitir el matrimonio igualitario en el estado y no adecuar el marco normativo local a lo establecido en la Constitución de la Federación y la Convención Americana de los Derechos Humanos en torno a la no discriminación.

Sin embargo, en tres meses el Ejecutivo Federal no ha respondido la solicitud, lo cual supone una violación al Artículo VIII constitucional, referente al derecho de petición. Por lo tanto, las asociaciones presentaron un amparo para exigir la respuesta de López Obrador, informó el director de México Igualitario, Alex Alí Méndez Díaz.

De acuerdo con el activista, en aproximadamente tres meses se emitiría una resolución sobre el amparo, y se espera que entonces la Presidencia tome una decisión respecto a la promoción de la controversia constitucional.

Esta es la segunda solicitud de controversia constitucional relacionada con el matrimonio entre personas del mismo sexo. La primera fue interpuesta en Chihuahua y en ese caso, la Secretaría de Gobernación (SEGOB), canalizó la petición al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED).

Sin embargo, como a dicho organismo no le compete tramitar controversias constitucionales, México Igualitario promovió un juicio de amparo. “Nuestra solicitud fue muy puntual, requerimos que se demande a los congresos porque es la única forma en que la SCJN puede intervenir para invalidar las normas que resulten discriminatorias”, detalló el abogado.

De igual forma, organizaciones de Baja California están interesadas en promover recursos similares.

“Exigimos una postura firme por parte del Ejecutivo respecto a los incumplimientos de los Congresos. El Legislativo de Yucatán ya tuvo oportunidad de aprobar las reformas, en dos ocasiones votaron en contra, entonces lo que sigue es ya no darles la opción y que intervenga la SCJN para borrar esas normas discriminatorias. Estamos cansados de esperar que sean los partidos políticos y Congresos quienes garanticen nuestros derechos”, puntualizó Méndez Díaz.

Agregó que en cada estado del país se deben cumplir con los mandatos tanto de la Constitución como de tratados internacionales para la no discriminación y quien debe garantizar esa situación es el Primer Mandatario. “Ya no pueden escudarse en la división de competencias, porque hay una obligación internacional frente a la Convención Americana, ya no aceptaremos que Presidencia continúe deslindándose de sus obligaciones”, señaló.

Finalmente, la asesora jurídica de UNASSE, Amelia Ojeda Sosa recordó que a la par, se están desarrollando otras estrategias para asegurar que el matrimonio igualitario sea una realidad en la entidad. Se siguen recolectando firmas para promover una iniciativa ciudadana ante el Congreso. A la fecha se han conseguido alrededor de 4 mil firmas: la meta es alcanzar las 6 mil rúbricas para enviar la propuesta al Legislativo. También se han promovido tres amparos: uno contra la votación secreta del mes de abril y dos contra la realizada en julio. (Lilia Balam)


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