Piden adecuar normas locales en torno a la Ley Federal de Seguridad Privada

Lilia Balam
Foto: Notimex
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Jueves 29 de agosto, 2019

Las entidades federativas del país han hecho "caso omiso" para homologar sus normas entorno a la Ley Federal de Seguridad Privada, lo cual ha generado la creación de cuerpos normativos que contradicen lo dispuesto a nivel nacional, y la "sobre regulación" de las empresas de seguridad privada, explicó el presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), Raúl Sapién Santos, quien exhortó a los diputados locales, incluidos los yucatecos, a adecuar sus leyes en ese sentido.

A raíz de la creación de la mencionada Ley, se ordenó a los 32 estados del país a homologar sus normas con los lineamientos federales. Sin embargo, esta disposición no fue cumplida cabalmente en las entidades: se crearon leyes locales que contradicen lo establecido en la norma federal, indicó el líder del CNSP.

En el caso de Yucatán, mencionó que tanto la Ley de Seguridad Privada como la de Videovigilancia, vuelven a solicitar a las empresas requisitos establecidos en la normativa federal. Ambas leyes únicamente crearon obligaciones y consecuencias de derecho para las empresas de seguridad privada registradas ante las autoridades que incurren en un incumplimiento, pero a los prestatarios de un servicio no acreditado no se les castiga de ninguna forma, añadió.

Todo esto ha ocasionado "que se sancione más a una empresa regulada a nivel federal que a una que trabaja en la clandestinidad", así como una "sobre regulación" de las compañías debidamente establecidas. A su vez, esto ha incidido en la proliferación de empresas de seguridad privada que no se encuentran registradas ni cumplen con las disposiciones federales, apuntó Sapién Santos.

De hecho, actualmente, el CNSP calcula que de los 500 mil elementos que laboran en el ramo, el 40 por ciento se encuentra en la clandestinidad: alrededor de 200 mil trabajadores del rubro.

El peligro es "el poco resultado que brindan las empresas no registradas", detalló el presidente del Consejo: no saber si el elemento está o no certificado, si tiene o no antecedentes penales, si cuenta con certificado de no consumir sustancias tóxicas o psicotrópicas, si se encuentra en capacitación permanente bajo lineamientos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS). Además, dichas compañías pocas veces laboran bajo protocolos institucionalizados para ofrecer un adecuado servicio de seguridad privada, como la generación de análisis de riesgos y la detección de necesidades de seguridad acordes al usuario, detalló.

Por ello, Sapién Santos exhortó a los legisladores locales, incluyendo a los yucatecos, a trabajar de manera coordinada con las autoridades federales y adecuar las normas estatales a lo que dispone la Ley Federal. "No se puede seguir trabajando de manera desarticulada tanto en seguridad pública como privada", apuntó.

En este sentido, indicó que se planea generar mesas de trabajo en el Congreso del Estado de Yucatán para abordar temas relacionados con la seguridad privada. Eso sí, las reuniones tendrían que incluir a diversas empresas y asociaciones civiles, subrayó, para no "caer en el tema de regular al rubro, ya que la regularización que han querido hacer permite la creación de cuerpos normativos incumplibles, que chocan entre sí, y que hacen que pareciera más fácil no cumplir con la ley".

Recordó que la legislatura anterior del Senado de la República aprobó la Ley General en materia de seguridad privada, misma que actualmente se encuentra en la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados para ser dictaminada y discutida, por lo que la expectativa es que en el periodo ordinario sea aprobada.

Finalmente, anunció que ayer el CNSP firmó un convenio de colaboración con el Senado para realizar mesas de trabajo y seminarios con expertos con el objetivo de dialogar en temas de seguridad.

"Hoy en día cualquier cuerpo normativo no debe tener una sola visión: deben ser atendidos de manera multidisciplinaria y multicultural para que se obtenga una legislación adecuada a las necesidades jurídicas y del bien común de los gobernados", concluyó.