La Jornada Maya

Graciela H. Ortiz
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Jueves 8 de agosto, 2019

A través de un comunicado de prensa, la familia Triay informó que uno de los acusados en el homicidio del médico siquiatra Felipe de Jesús Triay Peniche, Pablo Santos García Gutiérrez, fue puesto en libertad, a merced a un amparo directo, tras una decisión del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en Cholula, Puebla.

García Gutiérrez había sido condenado a 35 años de prisión por homicidio calificado en contra de Triay Peniche

El índice de dicho Tribunal únicamente menciona que el amparo es "para efectos" y fue concedido en virtud de "vicios de fondo", que considera se realizaron durante la investigación y posterior enjuiciamiento de García Gutiérrez.

"No sabemos en qué términos venga el amparo, allí habla de reposición lo que me hace suponer que harán algún señalamiento específico de algunas pruebas que no admiten o algún procedimiento errado en el juicio", expresó el hermano de la víctima, Manuel Triay Peniche.

"Hasta no conocer los términos del amparo no sabremos si se puede hacer algo o si ya es definitivo, por la información que recabaron nuestros abogados, todavía no es oficial, pero pensamos que sí se puede".

Triay Peniche señaló que es evidente "que alguien hizo mal su trabajo, o es la Fiscalía del Estado, o son los jueces, o detrás de esto puede haber algún interés ajeno a la justicia".

"No descarto esto último, lo que nos coloca en un estado de indefensión", agregó.

Con relación al otro implicado, Enrique Lara González, quien también fue dejado libre por un amparo, la familia Triay le había solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que atrajera el caso, a lo que el máximo cuerpo de justicia del país no hizo lugar.

"Ese señor está libre no por ser inocente, sino porque no pudieron probar su culpabilidad; una ley deficiente, una ley interpretativa lo puso en la calle", aseguró Triay Peniche.

Manifestó que las pruebas que recogió la Fiscalía en el departamento donde se cometió el homicidio fueron desechadas, porque la ley dice que la Fiscalía debe actuar en presencia de testigos. "Había dos testigos pero los mantuvieron fuera del departamento, porque la presencia de ellos, según la Fiscalía, podía contaminar las pruebas; los jueces dijeron que si estaban afuera no pudieron ver lo que se hizo".

“Esas pruebas que eran como 60 o más incriminaban directamente a los dos, había incluso una huella de Lara en una cinta canela”.


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