Lilia Balam
Foto: Russel Chan
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Jueves 1 de agosto, 2019

Los integrantes de la asociación civil Ciudadanos hartos exigieron a las autoridades federales aplicar las normativas para evitar en el estado el uso de agrotóxicos prohibidos por convenios internacionales, ya que es frecuente que se empleen en el campo yucateco.

De acuerdo con el activista y químico, Humberto Reyes Montiel, una de las principales problemáticas que enfrenta el agua en Yucatán es la contaminación del manto freático de hasta 40 metros de profundidad con agentes cancerígenos, a raíz del uso de agrotóxicos, cuyo uso ya está restringido en otros países.

“Los campesinos los manejan como si fueran el cloro para la casa. Se lo embarran en la ropa, lo usan las señoras, los niños juegan con los bidones. Si las partículas organocloradas de octano las respiran son peligrosas, pero las manejan sin ningún control. De los 30 pesticidas prohibidos internacionalmente, en Yucatán se usan todos”, puntualizó.

Por ello, a principios de año los activistas enviaron un oficio para solicitar una solución a la problemática a diez dependencias, entre ellas la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), cuya sede se encuentra en Mérida. Tras la renuncia de Josefa González Blanco Ortiz Mena al frente de la institución, acudieron a las oficinas de la Secretaría para entregar una nueva carta, pero encontraron que aún no opera con normalidad.

“Resulta que la Semarnat es un escritorio de metro y medio con una señora de edad recibiendo los asuntos de la dependencia. Asumí la estadía [del secretario Rafael Pacchiano Alamán] aquí en Yucatán”, expresó Reyes Montiel.

Pese a esto, a mediados de julio la dependencia contestó explicando que el subgrupo de trabajo denominado Manejo de tóxicos peligrosos, integrado por dependencias estatales, federales e instituciones académicas, recolecta anualmente casi 25 toneladas de envases vacíos de agroquímicos, de un total de 100 toneladas de envases producidos en la entidad.

En el documento indican que desde 1995 se han realizado 3 mil 253 visitas de inspección a instalaciones agrícolas, industriales, acuícolas y de servicios que extraen o realizan descargas de aguas residuales, con el objetivo de verificar si cumplen con la Ley de Aguas Nacionales. Es decir, han realizado casi 135 visitas anuales, alrededor de 11 visitas al mes, lo que los activistas consideraron un esfuerzo escaso.

“Esperábamos una contestación más concreta, decir qué han detectado y cómo lo están atacando, no una defensa jurídica. Si la Semarnat hubiera aplicado lo que describió [en el oficio], no tendríamos cáncer a 40 metros de profundidad”, sostuvo Reyes Montiel.

Los activistas reiteraron que la ciudadanía debe exigir a las autoridades federales cumplir con las normativas para evitar el uso de agrotóxicos en el estado.


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