Lilia Balam
Foto: Enrique Osorno
La Jornada Maya
Mérida, Yucatán
Lunes 22 de julio, 2019
Representantes de 18 ejidos manifestaron su apoyo al delegado de la Procuraduría Agraria, Alfredo Ramírez Gómez, ya que en su opinión ha hecho un buen trabajo en su cargo. Opinaron que quienes buscan destituirlo son “acarreados” de empresarios y funcionarios que se benefician con la especulación de tierras.
En rueda de prensa, Cecilio Cisneros Rivero, integrante del Consejo de Vigilancia de Ixil, junto con ejidatarios de Kinchil, Hunucmá, Seyé, Samahil, entre otras poblaciones, defendió la labor de Ramírez Gómez al frente de la mencionada institución.
“Su actuar es apegado a derecho. Hasta ahorita es el único que nos escuchó y orientó, por lo que sentimos una esperanza al cambio. Se ve que esto molesta e incomoda a los comisarios corruptos y empresarios abusivos, que antes tenían a la Procuraduría a su servicio y semejanza. Ellos no quieren que las cosas se hagan con legalidad, sólo buscan violar los derechos agrarios”, sentenció.
Añadió que quienes exigen el nombramiento de un nuevo delegado de la Procuraduría “buscan sus propios intereses”, ya que desean vender sus tierras incluso por cantidades muy bajas. Armando Flores Miam y Jorge Alberto Araujo López, representantes de los ejidos de Seyé y Muxupip, respectivamente, externaron que dichas personas son “acarreados” de empresarios y funcionarios que se benefician con la especulación de tierras.
“Ellos juegan con la necesidad de la gente, al hacerlos creer que les están haciendo un favor al comprarles las tierras. Los comisarios dicen que son tierras ociosas, que es conveniente que se venda, así tendrán jugosas ganancias, moches. Al final, los ejidatarios terminan sin la tierra, quedando en la ruina en poco tiempo. En ningún momento los empresarios les ofrecen volverlos socios para producir. Pagan 10 mil o 30 mil pesos la hectárea, pero le ganan el mil por ciento”, detalló Cisneros Rivero.
A su vez, el comisario ejidal de Texán y Anexas, Rodolfo Koyoc Chuc, comunicó que se ha detectado en distintas poblaciones un grupo de personas que no son originarias de las comunidades pero se les ha incluido como ejidatarios. En la lista figuran 27 empresarios, entre los que destacan Juan Carlos Briceño González, quien está enlistado en los ejidos de Chocholá, Kinchil, Samahil y otras siete comunidades. También se encuentra Carlos Abraham Mafud, Gerardo Abraham Goff, Tatiana María Farah Tello, María de Lourdes Nader Harp, entre otros.
Los trabajadores del campo exigieron a las autoridades federales intervenir. En específico, hicieron un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para tomar cartas en el asunto y solucionar el conflicto de la Procuraduría.
También pidieron investigar a quienes ingresaron al ejido y a los ejidatarios que se han convertido en “latifundistas”, así como posibles evasiones de impuestos por parte de esas personas. Finalmente, exigieron que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) realice dictámenes de acuerdo a la ley “y no a conveniencia de los desarrollos que quieren devastar selvas y bosques y áreas naturales protegidas.
“Pedimos que el gobierno federal no ceda a favor de estos compradores empresarios ambiciosos que seguirán despojándonos de nuestro patrimonio”, concluyó Cisneros Rivero.
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