Polémicas con granjas alejarían inversiones en Yucatán: Canacintra

Abraham Bote
Foto: Enrique Osorno
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Miércoles 27 de marzo, 2019

El dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), en Yucatán, Alberto Abraham Xacur, afirmó que la polémica y conflictos generados con relación al tema de las granjas porcícolas y proyectos de energías renovables, causan incertidumbre y pueden alejar las nuevas inversiones en Yucatán; incluso, afirmó que un par de empresas -no dijo cuales-, se han acercado a la cámara para externar su preocupación.

Para Abraham Xacur, la mayoría de las empresas sí cumplen la ley, por lo tanto, exigió al gobierno del estado darles certeza jurídica sobre, y si hay alguna que no cumpla, que sea sancionada o no le dejen operar.

Pobladores de varias comunidades han denunciado despojos de sus tierras y daños al medio ambiente por la instalación de proyectos de energías renovables, y siguen el conflicto por las denuncias de activistas y ciudadanos de daños al ambiente por las granjas porcícolas en Homún y Kinchil, por ejemplo.

Para el líder empresarial, todo esto puede alejar las inversiones, por lo que hace falta certeza jurídica. Mencionó que en el tema de las granjas porcícolas, desde su perspectiva, en algunos casos hay reclamos verdaderos, pero en otros “vemos que hay alborotadores que sólo ven cómo sacar un beneficio para ellos”.

Lo mismo sucede, agregó, con los desarrollos de energías alternativas (eólica y fotovoltaica), donde “también hemos visto que hay intereses no muy claros, que cada vez que se empieza a construir, enseguida cae gente que busca pararlas y sacar provecho”.

No obstante, afirmó que apuestan por la legalidad. “Si estas empresas o industrias están mal, hay que castigarlas, sin embargo, hemos visto que están cumpliendo las leyes y aún así tienen problemas, lo que hace que caigan en una indefensión jurídica”.

Por lo tanto, reiteró que toda esta situación causa una mala imagen al estado y eso genera problemas. Dos compañías que invierten en energías fotovoltaica ya se acercaron a la cámara para externar su preocupación y dijeron que consideran suspender sus inversiones, pues señalan que “hicimos todo adecuadamente, tenemos todos los estudios y aún así nos vienen a clausurar y nos arman un relajo con la comunidad, mejor nos frenamos”.

El gobierno debe actuar conforme a la ley, afirmó, sí estas compañías cumplen, debe dárseles la seguridad jurídica absoluta para seguir funcionando, concluyó el empresario.

[b]Caso Homún[/b]

Integrantes de las agrupaciones de Kanan Ts’ono’t (Guardianes de los cenotes) y el Equipo Indignación, asistieron este 27 de marzo a las instalaciones del Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito del Poder Judicial de la Federación, para manifestar su preocupación por las “expresiones y razonamientos” indicadas en el proyecto de sentencia del amparo solicitado por el caso de la granja de Homún.

Explicaron que el proyecto de sentencia es público y está programado para ser el primer asunto que desahogarán hoy, 28 de marzo, los magistrados que conforman este Tribunal Colegiado. El amparo en revisión se refiere a la Manifestación de Impacto Ambiental, presentado con irregularidades tan evidentes como la firma de una dentista que no demuestra tener conocimiento en materia ambiental, recordaron.

“Nos preocupa porque vemos que el análisis que están haciendo del proyecto no se está analizando correctamente. Mañana se realizará la audiencia, por lo que esperemos que tengan más tiempo de analizarlo. Nosotros estamos cuidando el agua y queremos que este caso se revise de una forma muy minuciosa”, dijo José Clemente May Echeverría, secretario de Kanan Ts’ono’t.

El abogado Jorge Fernández Mendiburu, de Indignación, señaló que el proyecto de sentencia cuenta que la Manifestación de Impacto Ambiental no debió ser sometida a consulta -a pesar de que es una comunidad reconocida como indígena- no sólo por los pobladores, sino por las instituciones del estado.

“El proyecto de sentencia maneja que no debió haber consulta, porque no se acreditó un impacto significativo con el establecimiento de la granja porcícola, y pensamos que eso es preocupante ya que precisamente hace poco la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver una acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión de Derechos Humanos contra la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Yucatán, justamente enfatizó que debe prevalecer este derecho que no debe ser atendido de manera abstracta, sino que tiene que reconocerse a partir de la realidad de las propias comunidades”, expresó.

El documento menciona, agregó, que como pueblo no tienen derecho a la consulta, por lo que “es un criterio regresivo, no sólo para este caso, sino peligroso frente a otras situaciones de reclamo que distintas comunidades mayas de la península efectúan frente a distintos proyectos que se están estableciendo en la zona”.

“Es un derecho que ha costado mucho reivindicar, que además afecta a la libre determinación -derecho madre de los pueblos indígenas- y tiene que ser repensado por la ponencia del proyecto”, mencionó.

“Lo que nos preocupa de la resolución es que se contrastan dos visiones de desarrollo y se tiende a avalar la visión de desarrollo, la cual dice que la inversión porcícola es la que necesita el estado, frente a la visión de desarrollo de la comunidad, a través del turismo con los cenotes”, comentó.